Desde el inicio de la democracia, nunca el poder judicial había sufrido un desgaste como el de ahora. Primero fue la increíble rectificación del TS en la sentencia de las hipotecas; luego vino el acuerdo opaco de socialistas y populares para elegir presidente del TS y del CGPJ, cuando la ley dice que esa competencia corresponde a los vocales del CGPJ; posteriormente salió a relucir el mensaje de Coisidó a todos los senadores del PP; y, por último, la dimisión de Marchena y la ruptura del contubernio bipartidista por parte de Casado. Todo ello en un momento en que sobre el TS ha recaído la responsabilidad de juzgar a los cabecillas de la rebelión catalana y con los reveses sufrido por la Justicia española en las instancias judiciales de otros países de la UE y en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la sentencia sobre Otegi. Dejo fuera de los percances las confidencias de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a varios responsables policiales, entre ellos el ex comisario Villarejo, y al ex juez Baltasar Garzón, contando que en un viaje de jueces y fiscales por Colombia, varios de sus colegas decidieron pasar un rato lúdico con menores de edad.

Ni haciéndolo adrede se pueden cometer tantos dislates en tan poco tiempo. La función de los jueces, como la de los bancos, se basa en la confianza que deposita la ciudadanía en ellos. Si ésta desaparece hay que quitarles la competencia de meter a gente en la cárcel. Al igual que si uno no se fía de los banqueros, no se puede ir a la caja a ingresar dinero. 46 millones de españoles contemplan atónitos cómo se degradan las instituciones que se levantaron hace cuarenta años.