Jaime Rabanal ve con buenos ojos que el nuevo modelo de financiación autonómica conceda más autonomía fiscal a las regiones. Según el consejero de Economía del Principado, la libertad para regular impuestos y modular gravámenes es un rasgo positivo siempre que se mantenga dentro de unos límites determinados y no se produzca un comportamiento desleal por parte de los ejecutivos autonómicos. El aviso dado por la Fade sobre el posible ensanchamiento de la brecha entre comunidades ricas y pobres no tiene base real, según Rabanal, porque el Estado cuenta con recursos suficientes para garantizar la cohesión territorial.

Hasta el momento se desconocen las cifras del nuevo modelo de financiación autonómica, así que la discusión se produce sobre los mecanismos de imputación de costes y distribución de recursos. Es conocida la distinción entre medicamento y veneno: cuestión de dosis. Con la economía ocurre lo mismo. Una ligera autonomía fiscal puede ser conveniente para adaptarse a las características concretas de una región, pero dejar que cada comunidad se ponga a regular el IVA o cambie la escala del IRPF es una forma como otra cualquiera de romper la unidad de mercado. En España ya tenemos antecedentes en esta materia, con la distinta forma de tributar por el Impuesto de Sociedades en los territorios forales y el resto del Estado. Por eso hay señores muy acaudalados de Madrid que tienen domicilio fiscal en Navarra, y empresas riojanas que cogen los bártulos y se instalan unos kilómetros más allá, en territorio alavés. Es preocupante que ahora se pongan las bases para que dentro de unos años se multipliquen estos ejemplos.

Rabanal confía en la musculatura del Estado para garantizar la cohesión territorial. Hace quince años, los recursos fiscales en manos del Gobierno eran enormes, y se permitió ceder el 15% de la recaudación del IRPF a las comunidades autonómas. Ahora, el Gobierno va a ceder el 50% del IRPF y del IVA. A ese trasvase de recursos se añade la responsabilidad que asume de dotar un fondo de convergencia, para ricos y pobres, y de compensar la escasa financiación en los servicios públicos de las comunidades con menos ingresos. Hay que ser muy optimista para pensar que con una economía en recesión y un déficit público creciente, pueden las regiones más pobres confiar en el incondicional auxilio del Estado.