El proyecto de presupuestos del Estado es un reflejo de la inestabilidad política que hay en España. Si los gobiernos sólidos trabajan con un horizonte que nunca supera los cuatro años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se conforma con llegar a ver las elecciones autonómicas, municipales y europeas que se celebrarán el 26 de mayo. Las cuentas destilan electoralismo por todas sus cifras. Están pensadas en una doble clave, lograr el favor de partidos de partidos concretos de la oposición (Podemos y los independentistas catalanes) y favorecer a los grandes caladeros de votos, los 9,5 millones de pensionistas y los 2,5 millones de funcionarios. Sólo en aumentos de sueldo de los empleados públicos se produce un crecimiento de 23.772 millones de euros. El gasto público aumenta con fuerza, como si el Estado se viera obligado a reanimar una economía deprimida. Pese a que la recaudación tributaria aumenta sensiblemente cada año, el Gobierno endureció el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades, así como el Impuesto de Hidrocarburos (deja de bonificar el diésel); a todo lo anterior hay que añadir dos tasas nuevas: Google y Tobin. El ejercicio de electoralismo tiene su lado oscuro en el aumento del déficit y de la deuda pública. En vez de aprovechar el crecimiento de la economía para reducir deuda, Pedro Sánchez recurre a más dosis de préstamos y créditos. La estrella es el gasto social que ya estaba un 15% por encima de antes de empezar la crisis económica.