Cuando faltan diez días para que se inicie el juicio contra los dirigentes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, es bueno echar una mirada hacia atrás para comprobar cómo ha marcado el conflicto catalán el curso de la política española. El Gobierno optó por la estrategia de perfil bajo, dejando que el Gobierno de Puigdemont anunciara la ruta hacia la independencia sin mover un músculo. Era la época de la ‘operación diálogo’, con Soraya Sáenz de Santamaría tratando de convencer a Oriol Junqueras de la conveniencia de no salirse del formato constitucional. La entonces ‘vice’ tenía una confianza ilimitada en su capacidad de persuasión, sin saber que la independencia para Junqueras no era un fin político sino una forma de realización personal. De los anuncios se pasó a la aprobación de leyes inconstitucionales que Rajoy despachó dando traslado de las ilegalidades a la Fiscalía. Luego llegó el gran desastre del referéndum, con las urnas en los colegios, pese a que Rajoy y Santamaría habían prometido que no habría urnas. Primero demostraron que fueron timoratos y en la jornada del referéndum dieron muestras claras de incompetencia. La credibilidad del Gobierno del PP había quedado por los suelos al no atajar la crisis catalana.
Faltaba por cometer otro error grave: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como mero recurso para convocar elecciones. Para ser justos, este error no se le puede imputar a Rajoy en solitario, ya que los socios constitucionalistas del Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos, exigieron que el 155 se limitara a esa función, cuando la situación requería poner otros gestores al frente de la Generalitat y aplazar las elecciones hasta que hubiera una mínima garantía de que la Administración catalana iba a respetar el orden legal. Hubo elecciones, los independentistas siguen en sus trece y el curso político está bloqueado. Celebrados los comicios, la política catalana está como antes de haberse votado, con la diferencia de que el PP es, por primera vez, un partido marginal en el Parlament.
Pedro Sánchez es presidente gracias al apoyo de los independentistas, así que evitó tomar decisiones que los disgusten. Se limitó a pronunciar buenas palabras y regar Cataluña de millones en los Presupuestos Generales del Estado. Los ‘indepes’ quieren amnistía para presos y fugados, y Sánchez necesita que el Tribunal Supremo dicte sentencia. Luego estudiará el indulto.