Es la primera vez, desde que se conocieron los primeros síntomas de la crisis económica, que el Gobierno ha decidido decir la verdad sin ocultarse tras eufemismos: el PIB español retrocederá un 1,6% durante el presente año, el paro aumentará en 600.000 trabajadores, y el déficit de las administraciones alcanzará el 5,8% del PIB. Un cuadro sobrecogedor. La capacidad de maniobra del Gobierno está ya muy mermada, pero el ministro de Economía todavía mira el futuro con un cierto optimismo, basado en la baja inflación (1,4%) que nos hará ganar competitividad.
La crisis económica tiene un origen externo que ha encontrado en España argumentos propios para desarrollarse, dada la importancia del sector de la construcción y el modelo de crecimiento basado en uso intensivo de mano de obra con baja productividad. La misma rapidez con que se crearon cuatro millones de empleos en los cinco años anteriores a la crisis (el 40% del nuevo empleo de la eurozona) va a servir ahora para ser los líderes en la destrucción de puestos de trabajo. El empleo poco productivo enseguida se convierte en un lastre cuando cambia la coyuntura.
En este momento, la crisis afecta ya a todos los sectores económicos; ejemplo de ello es que se prevé la pérdida de 100.000 empleos en el turismo antes del verano. En Asturias, la caída del Índice de Producción Industrial (IPI) es del 15% en los últimos meses, más que en cualquier otra comunidad autónoma. A la crisis de las finanzas, le siguió la desconfianza en el consumo y ahora afecta a las inversiones empresariales.
Aun con todo, Solbes se agarra a la tasa de crecimiento de los precios y al tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo, porque son los únicos datos positivos de la coyuntura.
Argumentos sindicales
Ante este cuadro, Fade defiende que el incremento de los salarios no supere al crecimiento de los precios. Sin embargo, los principales sindicatos quieren que los convenios reflejen alzas de salarios por encima de la inflación, dando para ello tres tipos de argumentos: las subidas salariales sirven para reactivar el consumo; la viabilidad de las empresas está comprometida por la falta de liquidez, no por el nivel de los sueldos; las empresas gozan de un gran colchón por los enormes beneficios acumulados en los años de bonanza. En cualquier caso, los sindicatos aclaran que se contemplará la situación concreta de las empresas, antes de exigir salarios por encima de la inflación.
Vaya por delante que hay crisis económicas, como las sufridas en los años setenta del siglo pasado, en las que resultaba difícil aplazar las reivindicaciones salariales. Cuando la alta inflación socavaba fuertemente el poder adquisitivo de los salarios, es normal que la lucha sindical se centrara en la alzas de los sueldos. Es más, en la actual crisis, esa era la perspectiva correcta hasta el mes de julio del año pasado, cuando el IPC interanual estaba en el 5,3%. Desde entonces ha bajado cuatro puntos, y todo indica que continuará descendiendo, arrastrado por el precio de la energía, los tipos de interés y la debilidad de la demanda.
Decir que las subidas salariales reactivarán el consumo es decir la verdad a medias, porque en la actualidad el ahorro en España crece con más fuerza que en los pasados ejercicios (como sucedió en la crisis de 1993), así que bastaba que se terminara con la incertidumbre general para que la gente empezara a gastar más. Por otra parte, si a los sindicatos les preocupa el nivel de consumo sería bueno recordarles que nada atenta tanto contra el consumo como la pérdida de más de 800.000 cotizantes de la Seguridad Social. El argumento de la preocupación por la liquidez y la escasez de crédito no invalida el impacto de la subida de salarios. En este momento la cerrazón de los bancos daña a los negocios, pero si aumentan los salarios por encima de los precios contribuirán a hacer más frágil la situación de las empresas. Por último, los grandes beneficios del pasado no impidieron la quiebra de importantes bancos de inversiones en el extranjero ni la destrucción de un millón de empleos en España.
Patrón gubernamental
La crisis afecta a todos los sectores y los sindicatos tendrán que optar entre luchar por mantener el empleo o movilizarse por el poder adquisitivo de los salarios. Es una disyuntiva clásica en periodos de crisis en España, que hasta la fecha siempre se quebró por el lado más débil, que es el del empleo.
Hay que decir, en descargo de los sindicatos, que el Gobierno, como máximo empleador del país, ha dado un pésimo ejemplo, aumentando el salario a sus empleados muy por encima del 1,4%, pese al carácter duradero, a prueba de crisis, que tiene ese tipo de puestos de trabajo.
La situación del tejido empresarial es más precaria de lo que se reconoce. Sin facturación, crédito e inversión, las empresas aguantan un lapso de tiempo reducido. En una crisis profunda el elemento a priorizar, por encima de cualquier otra consideración social, es el empleo. Es el bien más valioso. Una estrategia sindical valiente consistiría en pactar el mantenimiento de los puestos de trabajo a costa de perder poder adquisitivo. La otra vía ya sabemos a lo que conduce: se mantiene el empleo de los ‘seniors’, protegido por las indemnizaciones, y se van para casa los jóvenes y las mujeres que se incorporaron en masa al mercado de trabajo.