La profesión y vocación de Quim Torra es la de ser activista del movimiento independentista. No es un político, no es un estratega, tampoco es un líder social. Es un tipo que sabe agitar, que se realiza personalmente colgando pancartas, distribuyendo octavillas o acudiendo al almacén de Barcelona donde guardaban diez millones de papeletas para votar en el referéndum ilegal del 1de octubre de 2017. Preside el Gobierno por designio de Carlos Puigdemont, pero Torra no gobierna. Todavía no se le conoce una sola manifestación sobre sanidad, educación, empleo, carreteras, deuda (¡con la impresionante deuda que tiene la Generalitat: casi 80.000 millones de euros!), turismo, vivienda, etcétera. Todos los días entra a trabajar en un palacio, pero se sienta en la poltrona con la mentalidad del que se acomoda en una trinchera. Con un presidente así los consejeros se convierten en trabajadores autónomos, cada uno a su bola, sin necesidad de preparar decretos y medidas porque los consejos de Gobierno no están para eso, sino para analizar la actividad que se puede hacer en la calle para presionar en favor de los políticos encarcelados. En la presente coyuntura, prima todo lo que tiene que ver con el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los cabecillas de la revuelta independentista, por eso mantener los lazos amarillos en los edificios públicos era un objetivo de gobierno.

Desde las últimas elecciones catalanas, las instituciones que conforman el autogobierno (Parlament, Govern) están con encefalograma plano. No funcionan. El Parlament es la cámara legislativa europea que tiene más días al año las puertas cerradas. El Govern es el órgano ejecutivo que realiza menos actos de gestión de todas las comunidades autónomas. Cataluña se mueve por inercia. Tras la primavera electoral algo habrá que hacer.