Las dos asociaciones judiciales -Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- que convocaron la huelga del próximo día 18 siguen adelante con su propósito porque consideran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha negado el derecho al paro sino que se ha limitado a constar el vacío legal al no existir una ley de huelga. Los portavoces de estas asociaciones quieren que el Tribunal Supremo (TS) establezca con urgencia si los jueces pueden llevar a cabo el paro. El conflicto está servido.

Los magistrados del TS van a decidir sobre el derecho a huelga de los jueces de instancias inferiores. Se trata de una decisión que también les afecta a ellos, porque la convocatoria no hace discriminaciones entre la carrera judicial. En caso de que el TS resolviera que es posible hacer huelga llegaría el problema de los servicios mínimos, que tendría que recaer sobre los propios protagonistas de la convocatoria, porque se trata de un acto de gestión de cada juzgado, no de dilucidar un derecho, así que no cabe pasarle la patata caliente al TS. En este asunto el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, está ya fuera de juego, porque ha dictaminado que no hay cobertura legal para que un juez haga huelga. Un posicionamiento que quedaría en papel mojado si el mismísimo TS dijera lo contrario. El TS puede que no conteste el recurso de los jueces, o que se declare incompetente para esa tarea, con lo que el paro quedaría al albur de lo que decidan las asambleas de jueces, que podrán parafrasear la rima romántica: «clamé al cielo y no me oyó». También cabe la posibilidad de que los magistrados del TS, la mayor parte de ellos vinculados a asociaciones ajenas a la convocatoria de huelga, decidan que no tiene ningún juez derecho al paro, pero esa decisión sería tan política como la del CGPJ.

A todo esto el Gobierno, desde fuera, pero por boca de un juez (José Antonio Alonso), dice que el CGPJ dejó las cosas muy claras y que los jueces no pueden llevar adelante la protesta. En medio de este embrollo hay dos cosas que están meridianamente claras: el Gobierno no piensa regular el derecho de huelga, ni ningún grupo de oposición se lo demanda; y si los jueces llevan adelante el paro la próxima semana, el problema será para el Gobierno, porque a los magistrados no les pasará absolutamente nada.