La noticia del acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica acaba con el suspense en torno a la negociación más larga de la democracia. El pasado miércoles, Manuel Chaves manifestaba que la Junta de Andalucía había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía, aunque no sería dado a conocer hasta después de las elecciones gallegas y vascas. Ahora, desde fuentes del Gobierno central se asegura que hay un consenso general con todas las comunidades autónomas sobre las piezas básicas del modelo y que en el caso asturiano sólo faltan por cerrar unos flecos de importancia marginal. En definitiva, que a pesar de ciertos amagos reivindicativos de algunos presidentes autonómicos, la cosa está ya cerrada. En unos días se ha pasado de las resistencias al acuerdo a la realidad del pacto, como sucede tantas veces en las largas negociaciones políticas.
Aunque no se filtra información sobre el modelo consensuado, es fácil deducir que las vigas maestras del nuevo sistema no tienen ya posible modificación. En primer lugar, se ha tenido que resolver el problema de la llamada «población equivalente», que enfrentaba a las regiones más pujantes con fuerte llegada de inmigrantes, como Madrid o Cataluña, de aquellas con población estancada, envejecida y dispersa, como Asturias o Castilla y León.
Un segundo consenso tiene que afectar al porcentaje de los ingresos de financiación que se dedica a costear los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Si se estima alrededor de un 65%, será satisfactorio para los catalanes, mientras que superar el 75% es positivo para los asturianos. El tanto por ciento acordado no tiene ya enmienda. Igualmente, el resto de servicios (justicia, medio ambiente, universidad) tienen que quedar bien cubiertos con el fondo de suficiencia, pese a las resistencias iniciales de los catalanes, que pretendían un modelo puro y duro de financiación parcial de los servicios. Resulta impensable que asturianos o gallegos cedieran en aras al consenso sacrificando la financiación de unos servicios que suponen más de 600 millones de euros al año para el Principado.
La medicina
Hace un año, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, comparó el pacto sobre la financiación autonómica con la resolución de un sudoku. Tras proclamar la imposibilidad de resolver el juego, introdujo algunas reglas nuevas que lo han hecho más manejable para una negociación a tantas bandas.
Puede que en marzo, cuando se hagan públicas las cifras del modelo, nos sorprendan algunos de los porcentajes de ingresos o gastos acordados, pero lo que a mí entender está claro es que el consenso tuvo que venir propiciado por los ‘comodines’ del modelo: los fondos de convergencia. Me explico. Cualquier desavenencia sobre los sistemas de nivelación de los servicios, sean o no esenciales, es susceptible de ser compensado por la vía de los fondos de convergencia (competitividad, cooperación y población), que deberían haberse llamado «fondos de conciliación», porque su único objetivo es propiciar la adhesión al modelo de todos los gobiernos autonómicos dando cantidades de dinero sobre la base de argumentos peregrinos, como el escaso desarrollo económico de algunos territorios o la débil demografía de algunas regiones.
El déficit de financiación por habitante, que sufrían las regiones más ricas (Baleares, Madrid o Cataluña) se compensa con transferencias de dinero desde la Hacienda estatal. Lo mismo cabe decir de las regiones más envejecidas o con población dispersa, que en caso de no ver suficientemente ponderadas estas características de su comunidad, se pueden sentir satisfechas si el Gobierno les hace clientes del fondo de población, incluido dentro de los fondos de convergencia.
Esa tuvo que ser la vía utilizada para lograr que estén de acuerdo los que apuestan por el blanco y los que piden negro. Las pretensiones de los neonacionalistas de la ‘Generalitat’ serían imposibles de conjugar con las asturianas o las andaluzas si en el último capítulo del nuevo modelo de financiación no hubiera introducido el Gobierno un abanico de fondos para resarcir a los descontentos.
Trasvase
El truco del modelo fue ideado por el Gobierno hace mucho tiempo, cuando las referencias a la crisis económica se agotaban en las famosas hipotecas ‘subprime’. Entonces, la recaudación fiscal marchaba viento en popa, aunque ya había nubarrones en el horizonte. El fondo de convergencia tenía, en su concepción inicial, un solo destinatario: las regiones ricas, a las que resarcía el Gobierno de su escasa financiación ‘per capita’. Quiero decir que en aquel momento, la cuantía del fondo de convergencia era baja y la recaudación fiscal alta. El modelo de financiación ideado por Solbes resultaba plausible.
En el presente, el fondo de convergencia se ha convertido en una serie de fondos (competitividad, cooperación, población), que aumentan con creces la cuantía de recursos trasvasados por el Estado al modelo de financiación autonómica, en un momento en que la recaudación por IVA, IRPF e Impuestos Especiales es sensiblemente inferior al pasado año.
Consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica es un éxito del Gobierno y de las comunidades, pero queda en el aire la duda de si la solución alumbrada no supone restar recursos al Estado para solucionar lo que más nos preocupa a todos: la crisis económica.