Detrás de la batalla entre líderes y partidos, con la investidura presidencial como pretexto, se esconde la disputa por la financiación entre territorios que se pondrá de manifiesto en cuanto se elija un presidente del Gobierno y comience a andar la legislatura. Las comunidades autónomas no tienen una visión homogénea sobre la cuestión. Las regiones ricas quieren adelgazar los flujos de solidaridad interterritorial y las pobres desean reforzarlos. Hay un modelo, llamado del Noroeste, compartido por Galicia, Asturias y Castilla y León, pero que también cuenta con la simpatía de otras regiones (Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura), que exige garantizar un nivel equivalente de servicios públicos con independencia de los ingresos tributarios que obtenga cada territorio. Frente a ello, las comunidades ricas pretenden que se ponga un límite a las aportaciones que hacen a los fondos comunes de financiación.
Cada región echa sus cuentas. Si se aplicaran los criterios que maneja Valencia, Asturias perdería el 20% de los recursos que obtendría imponiendo los suyos propios, lo que conllevaría una reducción drástica del gasto en sanidad, educación o servicios sociales. El Gobierno de Pedro Sánchez ya se mostró muy comprensivo con los valencianos, asumiendo parte de sus deudas, una medida que no aplicó en otras comunidades. En el fallido proyecto de presupuestos para 2019, Valencia era la que recibía más recursos. Todo indica que cuando se elabore el nuevo modelo de financiación autonómica las demandas de Valencia serán atendidas, aunque la fórmula concreta se desconozca. ¿Qué debe hacer el Principado?
Hay que combinar firmeza y realismo. Asegurar con el dinero de todos (Estado y haciendas autonómicas) un mismo nivel de servicios públicos esenciales para los 46 millones de españoles, con independencia del lugar donde vivan, es un principio irrenunciable. Ese principio revitaliza más la unidad de España que mil discursos de ecos patrioteros. Una vez fijados los cimientos, hay que pulir defectos. La Comunidad Valenciana es el territorio que recibe menos recursos por habitante. Con respecto a las regiones mejor financiadas tiene una diferencia de casi 800 euros por habitante. La solución no pasa por hacer quitas de deuda unilaterales ni por rebajar la cuantía de los fondos de solidaridad, sino por corregir las valoraciones mal hechas cuando se transfirieron las competencias a las regiones. Mejorar a Valencia sin ahogar a los pobres.