En el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ratificó su propuesta de aplicar una rebaja fiscal generalizada que comportará una disminución de ingresos para la comunidad de 300 millones de euros. Elemento fundamental es el descenso de medio punto en la tarifa del IRPF, en sus cinco tramos, afectando por igual a pobres que a ricos; se elevan los mínimos personales y familiares para tributar y habrá nuevas deducciones autonómicas. En conjunto, se pagará un 5,5% menos por IRPF. Estas medidas se toman en la región española con menor presión fiscal, tras haber conocido varias bajadas de impuestos en los últimos dieciséis años con los gobiernos del PP. Ahora, Díaz Ayuso estrena un gobierno de coalición, con siete miembros del PP y seis de Ciudadanos. Vox será el aliado externo, pero también puede ser el grupo que decida el fin del experimento de la triple derecha madrileña. Ante la rebaja fiscal de Díaz Ayuso, Adrián Barbón no quiere entrar en polémicas, a fin de cuentas cada gobierno autonómico es muy libre de hacer lo que le parezca con los tributos del territorio, pero anuncia que cuando se abra la discusión del modelo de financiación autonómica pedirá que la presión fiscal sea un rasgo a tener en cuenta para distribuir los fondos de solidaridad del sistema. Si Madrid renuncia a 300 millones de euros, no debería ser compensado a través de los fondos para pagar los servicios públicos. En materia fiscal, la izquierda siempre pidió que hubiera una legislación homogénea en las comunidades autónomas. Creo que sería un gran avance si esa homogeneidad se extendiera a escala europea, e incluyera también cuestiones laborales o medioambientales, pero las leyes dicen otra cosa.