En la ronda de contactos previa a la sesión de investidura, Pedro Sánchez se entrevistó con la formación valenciana, Compromís, que le expuso los problemas de financiación de su comunidad autónoma derivados de ser la región que recibe menos euros por habitante para pagar sus servicios públicos. El presidente en funciones se comprometió a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en el plazo de ocho meses a contar desde la formación del próximo gobierno. Con esa promesa, el líder socialista reactivó la cuestión que más preocupa a los presidentes autonómicos: el reparto de los recursos entre regiones.

Sobre esta cuestión, Adrián Barbón ha realizado varias declaraciones, de las que destacaría dos principios, uno de corte ideológico y el otro puramente procedimental o metodológico. Para el presidente asturiano, el nuevo modelo debe estar centrado en las necesidades de gasto de las regiones y el coste real que supone prestar los servicios públicos en cada territorio. Por ejemplo, en el caso asturiano, la financiación sanitaria debe contemplar una población envejecida y dispersa; en el caso de la educación hay que afrontar la factura de una escuela rural con muy pocos niños, pese al enorme gasto por alumno que supone mantener abiertos esos colegios. Barbón considera que basar la financiación de los servicios en la recaudación fiscal de cada territorio y tomar como única referencia el tamaño de las poblaciones, en vez de las características de esas poblaciones (edad, asentamiento, demandas), es un error profundo y una forma de discriminación.