ESTRATEGIA OPTIMISTA
En el último año se ha actualizado la lista oficial de los problemas de Asturias. El tema estrella es ahora la industria electrointensiva, un asunto desconocido por los ciudadanos hasta el otro día, que remite a otras cuestiones, como la transición ecológica, el precio de la electricidad o la ofensiva arancelaria de Trump. Hay problemas antiguos que la clase política ha puesto al día con la etiqueta de amenazas preocupantes, léase el nuevo modelo de financiación autonómica. Lo más llamativo es la estrategia optimista con la que pretendemos hacerles frente. La defensa de la industria electrointensiva ha generado consenso. Partidos políticos, patronal, centrales sindicales, instituciones civiles, etc., están de acuerdo en pedir que se le abaraten los costes y mantenga operativas sus líneas de producción. Sin embargo, de la larga serie de variables de las que depende (precio de los derechos de emisión de CO2, coste energético, centrales térmicas, límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero, importaciones de acero) no hay una sola que se decida Asturias. La mayor parte pasan por Bruselas y alguna por Madrid.
Hablando de Madrid. La dirección de los partidos está a favor del modelo de transición ecológica de la ministra, Teresa Ribera. Nadie quiere alargar el plazo de utilización de las energías fósiles. Los líderes nacionales de las formaciones parlamentarias desean cerrar las térmicas de carbón, y en caso de introducir alguna enmienda iría en el sentido de acelerar su cierre. Sus electorados ven bien la apuesta decidida por la energía renovable: nadie quiere carbón. La excepción a esta tendencia es la tolerancia hacia los automóviles con motor de combustión. Conclusión: lo primero que tienen que hacer los políticos asturianos es visitar la sede central de sus partidos y convencer a los jefes.
Financiación autonómica. A diferencia de lo que ocurre con la industria electrointensiva, aquí sí tenemos aliados (Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y, de momento, Castilla y León). El problema reside en que los enemigos son mucho más poderosos. Entre Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia y Baleares, hay más de 30 millones de españoles a favor de que la financiación se pondere por el tamaño de la población, ya que el coste de los servicios (hospitales, escuelas) aumenta con el número de usuarios. Conclusión: lo mejor es convertir en definitivo el actual modelo de financiación y dejarnos de novedades.