Mañana, la Diputación Permanente del Senado decide sobre la propuesta de celebrar un debate en la Cámara Alta sobre financiación autonómica con presencia del Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. Cómo madrugan los senadores. El modelo de financiación autonómica y las consecuencias que provoca su aplicación conforman un problema complejo, con muchas variables y variadas implicaciones políticas, que resulta muy difícil de resolver, razón por la que se fue aplazando su reforma desde el año 2014. Nadie está a gusto con lo que hay, pero al menos el modelo vigente fue apoyado por todas las regiones, mientras que las ideas que ahora se esbozan dividen a los gobiernos autonómicos en dos bandos: territorios ricos frente a territorios pobres. Las condiciones ideales para llegar a un nuevo consenso son dos: economía nacional en expansión y Gobierno central con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En el año 2014, Rajoy contaba con 186 diputados (holgada mayoría absoluta), pero la economía apenas se desperezaba intentando salir de la crisis. La recaudación fiscal era muy inferior a la actual, así que el Gobierno no tenía dinero para atender a todas las demandas de los territorios.

En la actualidad, la economía española está finalizando una etapa de crecimiento, la recaudación fiscal es muy superior a la de hace cinco años, pero tenemos un Gobierno en funciones. Ni siquiera se ha podido investir a Pedro Sánchez y al grupo parlamentario que da cobertura al presidente en funciones le faltan 53 escaños para alcanzar la mayoría absoluta. No se dan, ni de lejos, las condiciones para negociar la reforma del modelo de financiación ni para llegar acuerdos puntuales sobre el sistema actual.