BLOQUEO INSTITUCIONAL
Mañana se cumple el plazo legal para investir un presidente tras la celebración de las elecciones generales. Al no haber llegado a un acuerdo la legislatura se dará por acabada y volverá a convocarse a la gente a votar. A efectos prácticos es como si no hubiera habido elecciones el pasado 28 de abril.
Seguimos con un gobierno en funciones que se acoge a ese estatus para no resolver asuntos incómodos (estatuto industria electrointensiva) o para jugar a su conveniencia con dinero ajeno: se pasó la ministra de Hacienda todo el verano diciendo que un gobierno en funciones no podía hacer determinados reembolsos a las comunidades autónomas y al empezar nuevamente la carrera hacia las urnas agiliza las transferencias ¿Se puede tomar en serio las cosas que dicen?
Precedente
Al conocerse los resultados del 28A, muy poca gente hubiera apostado por la repetición electoral. El propio Pedro Sánchez, unos días más tarde, dijo que no había alternativa al gobierno socialista. Como el margen sacado al segundo partido (PP) era tan grande, no se dio importancia a la gran distancia que separaba al PSOE de la mayoría absoluta: 53 diputados.
Ya había un precedente de repetición electoral con el PP de partido ganador y Rajoy como candidato victorioso, en diciembre de 2015. Ironías del destino, en aquella ocasión el PP de Rajoy tuvo los mismos escaños que Pedro Sánchez en el pasado abril: 123 diputados.
Puestos a encontrar paralelismos, recordemos que Rajoy se negó ante el Rey a intentar la investidura; la misma estrategia que siguió Sánchez este verano. Ambos, como presidentes en funciones, prefirieron apostar por adelantar las elecciones y movilizar el voto útil a negociar apoyos parlamentarios.
Hasta aquí las semejanzas. Rajoy carecía de aliados para obtener la mayoría absoluta. En agosto de 2016, tras la repetición electoral, y con 137 escaños, fue rechazado en el Congreso de los Diputados pese a contar con el apoyo de Ciudadanos.
Sin embargo, Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa con el apoyo de un amplio abanico de fuerzas, las mismas que rechazaron a Rajoy. ERC y PNV hubieran dado cualquier cosa por investir al líder socialista antes de que se cumpliera el plazo que expira mañana. Unidas Podemos no tenía otra estrategia que gobernar con Sánchez. No hablemos ya de fuerzas muy minoritarias como Compromís, Partido Regionalista de Cantabria o Bildu, que prefieren cualquier alternativa al gobierno de la derecha.
Al final, la decisión responde a un cálculo del presidente: prefiere sacar veinte diputados más el 10 de noviembre a gobernar en compañía. España pierde, el sistema de representación electoral se degrada, pero el PSOE saca provecho de la convocatoria a las urnas.
Poso
Cinco meses mareando la perdiz dejan poso. El electorado de la izquierda ha visto defraudadas sus expectativas. Estaban dispuestos a aceptar cualquiera de las dos fórmulas, gobierno de coalición, PSOE-Unidas Podemos, o gobierno monocolor socialista. El voto de la gente no dejaba lugar para la duda. El disenso entre Sánchez e Iglesias les produjo frustración.
A día de hoy tienen menos razones para la movilización electoral que en la pasada primavera, cuando la victoria de la derecha en Andalucía les había hecho creerse que eran los guardianes de la democracia. Ahora bien, si el presidente apostó por las elecciones es porque en Moncloa tienen encuestas muy favorables.
Durante el largo impasse postelectoral, PP y Ciudadanos decidieron representar el papel de la derecha que no quiere pactos con la izquierda. Un perfil clásico que no se adecúa, en absoluto, a las actuales necesidades de España ni al rol que deben desempeñar las fuerzas constitucionalistas en una coyuntura trufada de riesgos.
Lo más llamativo es que los grupos de derecha, puestos a ganar enteros delante de la opinión pública, en vez de aprovecharse del largo disenso de la izquierda se enzarzaran en mezquinas disputas por la presidencia de las comunidades autónomas en las que tenían mayoría parlamentaria.
Se comportaron como PSOE y Unidas Podemos, pero por un botín menos jugoso. Hasta mediado el mes de agosto no fueron capaces de investir a Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
La izquierda autonómica (PSOE, Podemos, IU) no fue a la zaga en sectarismo, porque para investir una presidenta en La Rioja –que es algo así como Gijón y Villaviciosa juntos–, necesitaron negociar hasta el 27 de agosto. Un poco más y la derecha gobierna tres décadas enteras.
Pesimismo
No soy optimista. Tras cinco meses de mensajes trucados queda confirmado que la clase política, en su conjunto, no tiene como prioridad los intereses generales. La irresponsabilidad está muy extendida y la sociedad no tiene a mano una alternativa.
El periodo de provisionalidad –gobierno en funciones– puede prolongarse indefinidamente. Ya en 2016 estuvimos a punto de ir a unas terceras elecciones, si Susana Díaz no se hubiera enfrentado al aparato de Ferraz. La propia investidura no garantiza nada, porque Rajoy fue investido y solo gobernó año y medio. Hay que cambiar el sistema electoral, pero esa tarea recae sobre los mismos que salen beneficiados con el actual reparto. Mal asunto.