BARRICADAS Y URNAS
La sentencia sobre los cabecillas del ‘procés’ ha servido para devolvernos al otoño de 2017, con los nacionalistas decididos a romper con las instituciones españolas, gobernando en Cataluña e intimidando en la calle.
Si sus análisis no estuvieran envenenados por los prejuicios y los sentimientos habrían recibido con alivio la sentencia, ya que el pronosticado delito de rebelión –al que estaba orientada la instrucción del sumario– se ha quedado en sedición, con el detalle añadido, por parte del Tribunal Supremo, de dejar la concesión del tercer grado al criterio de los funcionarios de las instituciones penitenciarias de la comunidad autónoma. Dicho sin rodeos: la libertad de Junqueras y de los otros delincuentes está en manos de Torra.
La aquilatada sentencia del juez Marchena protege al Tribunal Supremo de posibles recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y permite una vía política para el entendimiento (los líderes de ERC, en la calle y en la cárcel, no han cerrado la puerta al Gobierno tras la sentencia), pero ha quedado en segundo plano porque la respuesta de los independentistas en la calle ha creado una nueva situación política.
PSOE
Sí, hemos vuelto al escenario de 2017, caracterizado por las movilizaciones rupturistas con el sistema constitucional, en abierta connivencia con el Gobierno de la Generalitat.
El principal hecho diferencial entre el pasado y el presente estriba en que estamos a veinte días de unas elecciones generales, un dato concreto que condiciona la estrategia de todos los agentes políticos.
El Gobierno socialista desea congelar la situación para tratar de resolverla después de los comicios. Con un panorama tan agitado es inimaginable una tregua de tres semanas. Es difícil saber si las cosas mejorarán o empeorarán en ese tiempo, pero se puede afirmar que no permanecerán invariables.
Pedro Sánchez opta por barajar sin dar cartas, lo que significa no apostar por ninguna política concreta. Realiza consideraciones sobre las distintas opciones que están entre las competencias del Ejecutivo sin elegir ninguna. Desde el Gobierno dejan traslucir que todavía no se dan las circunstancias necesarias o que las medidas extraordinarias podrían servir, incluso, para que empeorara la situación, pero el clima en las calles de Barcelona se deteriora hasta unos niveles nunca vistos, con el Gobierno convertido en observador.
Derechas
La oposición de derechas ofrece tres medidas que van en la misma dirección, si bien unas pueden ser más exigentes que otras. El PP demanda la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, Ciudadanos pide que se aplique el artículo 155 de la Constitución y Vox solicita la declaración del estado de excepción. Cualquier cosa menos quedar cruzados de brazos ante las agresiones de los independentistas radicales que ya han tratado de derribar helicópteros de la policía.
Ante una ininterrumpida serie de jornadas de protesta con un balance de daños, humanos y materiales, de relevancia, las peticiones de las tres derechas prenden en el electorado y el enroque del Gobierno resta apoyo popular al PSOE.
Al Gobierno le perjudica, sobre todo, la estrategia de Puigdemont y de su valido, Quim Torra, que tratan de crear las condiciones precisas para volver a proclamar la republica catalana.
Ese es el sector del independentismo que ha roto definitivamente los puentes con los partidos constitucionalistas y que ha alentado la respuesta de la calle. La «kale borroka» como dice Pablo Casado. Otra vez la división del trabajo que preconizaba Arzallus, «unos mecen el árbol y otros cogen las nueces». Para recoger el fruto de la república hay que romper muchos escaparates por las calles.
ERC
El otro sector del independentismo, liderado por ERC, sabe que la libertad de los presos no será un obstáculo para hacer política y quiere negociar con Pedro Sánchez una solución para Cataluña. Basta ver lo que dice Tardá, una vez liberado del escaño.
Para llevar a cabo su propuesta, ERC necesita dos condiciones. Que Sánchez presida un gobierno estable (no en funciones) y que Quim Torra abandone la Generalitat. Es decir, triunfo claro del PSOE el 10 de noviembre y convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña.
Ya se sabe que a falta de una mayoría absoluta, Pedro Sánchez siempre supo que su plan ‘B’ consistía en un acuerdo de gobernabilidad con Unidas Podemos y ERC.
Los deseos del presidente en funciones y la estrategia de ERC chocan contra el mismo obstáculo, la guerrilla urbana desatada por los Comités de Defensa de la República.
El actual ‘statu quo’ pende de un hilo. Si la violencia continúa, el presidente se encontrará ante una complicada encrucijada: si no toma medidas extraordinarias perderá muchos votos y si aplica el artículo 155 se acaba la complicidad con ERC.
Por cierto, la vía del 155 está inédita porque cuando la aplicó el Gobierno de Rajoy tuvo que aceptar las condiciones impuestas por Ciudadanos (convocar inmediatamente elecciones en Cataluña) y el PSOE (dejar TV3 en manos de los nacionalistas).
Iniciamos una nueva semana en que para conocer las respuestas a los interrogantes de la política española es preciso mirar lo ocurre en las calles de Barcelona.