Inés Arrimadas pretende frenar la investidura de Pedro Sánchez a través de una ronda de contactos con los líderes autonómicos del PSOE. La dirigente de Ciudadanos quiere apelar al sentido constitucional de los socialistas para desbaratar la red de alianzas del aspirante a presidente. No creo que a veinticuatro horas de empezar el debate de investidura vayan a resquebrajarse los apoyos de Sánchez en las filas de su propio partido. No es preciso que les hable Arrimadas para que ada uno de ellos tenga una idea precisa de lo que supone poner la gobernabilidad de España en manos de grupos tan poco recomendables como ERC, Bildu, etcétera. Ahora bien, el PSOE es un partido muy cohesionado y aunque hubo famosas rebeliones internas –la última en octubre de 2016–, nunca se llegó al enfrentamiento por la vía de las sugerencias ajenas. Hechas estas precisiones, vamos a lo importante.

El acuerdo con ERC –conocido ayer–, que garantiza la mayoría parlamentaria para la investidura es sumamente preocupante, porque habla de resolver el conflicto político catalán a través de un diálogo bilateral entre gobiernos, respetando los principios del «ordenamiento jurídico democrático» (¿por qué no el ordenamiento jurídico vigente?). La solución que se arbitre será sometida a referéndum en Cataluña. España no existe en el texto ni se nombra a la Constitución. En la redacción la parte sustantiva queda oculta detrás de términos como «mecanismos», «instrumentos», «propuestas», «procedimientos oportunos». No hay que hacer un alarde de imaginación para pensar que es probable que el documento contenga cláusulas secretas.