La toma de posesión de los ministros ante el Rey discurrió por el cauce normal de esta ceremonia, aunque con las notas pintorescas de los actos donde participan los dirigentes de Podemos que llevan la lucha contra las normas de la Real Academia de la Lengua hasta las últimas consecuencias: «Mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras». Los dirigentes más concienciados, Iglesias y Garzón, portaban símbolos utilizados por los nazis en los campos de concentración, dentro del permanente revival con que acompañan sus actuaciones en público. La ceremonia tuvo un rico anecdotario. La rutina de las promesas de los ministros, con sus primeras declaraciones, quedó en un segundo plano ante la sorpresa de la jornada: la designación de Dolores Delgado como fiscal jefe del Estado. Nunca causó tanto revuelo el nuevo empleo de un ministro cesado. El nombramiento no engaña a nadie. Todo el mundo entendió a qué se refería Pedro Sánchez cuando en pleno debate de investidura dijo que «hay que devolver a la política el conflicto político (’procés’), dejando atrás la deriva judicial que tanto dolor causó». Delgado es la pieza clave para desjudicializar el contencioso catalán, haciendo que fiscales y jueces se dediquen a otros cometidos, porque los políticos no deben sentarse en el banquillo de los acusados, aunque sean independentistas sediciosos. Siempre caben otros tratamientos más indoloros.

De Dolores Delgado, ministra de Justicia, se recuerda el revuelo que causó la salida a la luz pública de sus conversaciones con el comisario Villarejo, pero ese asunto, por muy escandaloso que sea, no da la medida de lo que la ex ministra es capaz de hacer para auxiliar a los independentistas que están en apuros. Sin embargo, hubo otras dos actuaciones que anticipan lo que va a ocurrir.