La disputa por los 75 millones pertenecientes al IVA de 2017 llega a la Junta General del Principado. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, expuso ante los diputados que el Gobierno regional apuesta por el diálogo con el Gobierno central, pero en el caso de que no se avengan a razones acudirán a los tribunales. A la oposición, como suele ser habitual, no le convencen las explicaciones de la consejera y pide más firmeza. Según ellos, hay que ser más duros con el equipo de Pedro Sánchez. Esta petición, planteada por grupos de la derecha asturiana, causa hilaridad porque jamás osaron contradecir a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Ni poco ni mucho. La honorable excepción fue Sergio Marqués y todos recordamos el trato que recibió de la cúpula de su partido y del Gobierno de Aznar. El guion expuesto por Ana Cáraba es razonable, siempre y cuando no le tiemblen las piernas al Principado cuando toque encaminarse a los juzgados. El único compromiso inalienable es el adquirido con los electores.

Salvados los intereses generales de Asturias, pueden luego atenderse otros bienes menores, como la coordinación entre gobiernos. El asunto no parece que se vaya a resolver fácilmente porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se acoge a la letra pequeña de la normativa para decir que el momento para transferir esos recursos ya pasó y ahora no procede. Si la ministra opta por abrir un conflicto con las comunidades autónomas es porque al Gobierno no le sobra el dinero. Tanto asumir compromisos de pago con los más diversos colectivos, resulta que para cumplir con las comunidades autónomas no hay sobrante en la caja. Había recursos para condonar las deudas del puerto de Valencia, pero no para dar al resto de gobiernos autonómicos lo que les corresponde de la recaudación del IVA.