EL ritmo de la actividad parlamentaria no se corresponde con él de la calle. A principios del pasado verano, Gaspar Llamazares preguntó al Ejecutivo por la tramitación administrativa del embalse de Caleao, un proyecto que pasó por las manos de los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos quince años. Tras nueve meses de espera, el Ejecutivo responde que una vez analizadas las alternativas al embalse se ha reactivado el estudio ambiental.

Con la administración pública ocurre lo mismo que con la Justicia: los plazos sólo son rígidos para el ciudadano. Si Llamazares pide algún dato más sobre Caleao, puede que a finales del presente año o a principios del próximo tenga una información completa sobre el expediente. Visto desde otro prisma, la administración sigue a sus cosas, haciendo y deshaciendo a partir de una tupida red de distintos servicios, barajando informes, recursos y estudios con la extraña pauta de un cuerpo que no tiene alma. Sólo cuando un responsable político tiene verdadera urgencia en sacar un proyecto adelante, el tortuoso circuito burocrático se activa, y por fin la administración resuelve. Una forma de proceder irritante al descansar sobre nuestros impuestos.

El embalse de Caleao no es una urgencia para el Gobierno. Tampoco lo fue para los anteriores. En su momento, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no era muy proclive al embalse de Caleao, aunque este hecho nunca fue reconocido por los socialistas asturianos. Los embalses le parecían a Narbona una cosa de franquistas del siglo XX o de comunistas chinos del siglo XXI, pero en cualquier caso algo impropio de opciones progresistas. A Narbona no le gustaban los embalses ni los trasvases, prefería las plantas desaladoras. Como en Asturias no hacen falta las desaladoras nos quedamos sin las tres cosas: embalses, trasvases y desaladoras.

IU hizo del rechazo al embalse de Caleao una seña de identidad. Maneja, como hipótesis, el suministro de agua al centro de la región a partir del Narcea: una opción cuatro veces más cara y con mayor riesgo de contaminación. Pero IU es socio de Gobierno y su opinión pesa más que cuando era un grupo de oposición. A partir de todos estos datos se puede entender la tardanza de la Administración en contestar y proceder.