Ante la recesión económica, la pasividad gubernamental trata de ser borrada por Zapatero con una apretada agenda que incluye negociaciones con diversos interlocutores y la aprobación de leyes. El presidente quiere detener la destrucción de empleo, aunque para el Congreso de los Diputados anuncia los siguientes proyectos: Ley de Igualdad de Trato, Ley de Interrupción del Embarazo, Ley de Libertad Religiosa y Ley Audiovisual. No veo la relación de esas normas con la crisis económica.

En materia de pactos, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, va a retomar el diálogo de la concertación, una vez que las organizaciones sociales han celebrado sus congresos; la propia Salgado, en compañía de Manuel Chaves, recuperará la negociación del modelo de financiación autonómica en el punto donde la había dejado Pedro Solbes. En España la oposición está representada por el PP, con el que pocos acuerdos puede pretender el Gobierno. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados hay una serie de pequeños grupos que pueden darle la mayoría parlamentaria a Zapatero para aprobar leyes y presupuestos. La característica común de todos esos grupos es su vocación nacionalista o regionalista, así que un trato satisfactorio en el modelo de financiación a las comunidades autónomas de las que proceden esos diputados podrá desembocar en una alianza parlamentaria estable. Esa es la estrategia del presidente del Gobierno.

Ahora bien, ni la financiación autonómica, ni los proyecto legislativos de raíz ideológica tienen nada que ver con la solución a la crisis económica. Nuevamente, como ocurrió en la pasada legislatura, una gran parte de la actividad política y parlamentaria se dedica a asuntos que no responden a los intereses generales del país. Chaves va a iniciar una ronda con los presidentes autonómicos para cerrar el nuevo modelo de financiación, por encargo de Zapatero. Por su parte, Montilla declara que de financiación sólo negociará con la vicepresidenta económica Elena Salgado. En cuanto se habla de dinero, los catalanes pierden las formas. Las comunidades se declaran incompetentes para cofinanciar una ampliación del seguro de desempleo. Sin embargo, todas quieren un sistema de financiación con más gasto sanitario y educativo a cuenta de impuestos que son del Estado.