La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de la que deriva el Consejo, fue uno de los mayores dislates parlamentarios que cometió la Junta General del Principado en toda la etapa autonómica. La culpa hay que cargarla sobre el anterior Gobierno socialista (ninguno de sus miembros forma parte del Ejecutivo de Adrián Barbón), hasta el punto de que los letrados de la Cámara tuvieron que realizar discretas gestiones para que la oposición presentara múltiples enmiendas con el objeto de enderezar los renglones que estaban torcidos. Entre los errores y los posteriores aciertos, la cosa duró cuatro años. La norma fue aprobada con el respaldo de todos los partidos, con la excepción de Podemos que se abstuvo. Precisamente, fue Podemos el grupo que más batalló para crear un ente que luchara contra la corrupción. La ley habla de crear una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, pero a los ‘podemitas’ les parece que no se le otorga la suficiente independencia. En resumen, todo gira sobre la independencia.

Hablemos claro. La transparencia es una exigencia que se ha puesto de moda en la política española hace ocho o nueve años. En los discursos, cuando no hay nada que decir, se apela siempre a la transparencia y a la eficiencia. Las leyes, los planes, las instituciones deben ser transparentes y eficientes. La corrupción es una lacra que no se combate con modas. La ley, el Consejo y la Oficina no van a remediar nada, porque hay controles administrativos, interventores y Sindicatura de Cuentas, sin que por ahí haya llegado la solución. La corrupción en España y en Asturias ha sido detectada por unidades de élite (UCO, UDEF) de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y periodistas. Si se quiere aumentar la burocracia y retrasar la toma de decisiones, procédase con el Consejo y amplíese el gasto público.