El Consejo de Ministros autoriza al Principado a endeudarse hasta un máximo de 1.717 millones de euros. Para el actual ejercicio presupuestario el límite está en 627 millones que el Gobierno regional va a emplear mayoritariamente para hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 505 millones. Los 122 millones restantes estarán destinados a financiar actividades ordinarias.

El Gobierno de Adrián Barbón heredó una situación determinada, muy preocupante en el sector industrial o en la creación de empleo, prometedora en el turismo, bien orientada en las alianzas autonómicas y con la hipoteca de los compromisos adquiridos con el funcionariado que han lastrado el presupuesto del presente año, con el incremento de 103 millones en las nóminas. A todo lo anterior hay que añadir la deuda. El Principado debe 4.351 millones, una carga que los socialistas juzgan de liviana, pero que puesta en su contexto no puede despacharse con tanta ligereza. En el año 2007, la deuda era de 729 millones, cuando estalló la crisis de las ‘subprime’. Cuatro años más tarde ya debíamos 2.155 millones. El tercer trimestre de 2013 la economía volvió a crecer, y la deuda asturiana había escalado hasta los 3.052 millones. Tras seis años de crecimiento del PIB la deuda alcanza los 4.351 millones.

Dos constataciones. Le hemos cogido gusto a la deuda pública. Primero el Principado se endeudaba para hacer frente a todo tipo de pagos porque la recaudación fiscal había caído en picado. En el último año la recaudación está en máximos históricos y la deuda también. La segunda constatación es obvia: la deuda crece porque no se dedica a financiar inversiones o cualquier otra actividad más o menos extraordinaria, sino a pagar el gasto corriente. Dentro del gasto cotidiano están los intereses de la deuda, de tal forma que entre amortizaciones e intereses la factura es tan grande que solo es superada por el gasto sanitario y el educativo. Si se echan bien las cuentas se podrá comprobar que los impuestos que pagamos van destinados en su mayor parte para pagar nóminas y renovar el servicio de la deuda. Si poniendo una ‘X’ en el IRPF escogiéramos el destino de nuestros tributos me temo que las prioridades serían otras. Esta situación no va a cambiar porque los que deciden sobre este asunto opina que no hay problema con el endeudamiento. El gran argumento que esgrimen es de tipo comparativo: otras comunidades autónomas deben más que nosotros. Es cierto, la mayoría están peor. Vaya consuelo.