Las huelgas en los servicios de urgencia de los hospitales y en la educación no universitaria, antes de la Semana Santa, unido al anuncio de una nueva huelga en la educación para finales de mes, obliga a interrogarse sobre las razones del enfrentamiento entre funcionarios y Principado.

Una primera reflexión sobre la cuestión lleva a subrayar el carácter paradójico de las malas relaciones laborales entre los empleados públicos y el Gobierno regional, ya que en plena recesión económica, cuando en España se pierden 4.000 empleos diarios, el único colectivo laboral que está al abrigo de la crisis es el personal estatutario de la Administración. En Asturias, concurren otros hechos que hacen más difícil de entender la tensión entre la Administración autonómica y sus empleados. El pasado año, el Principado aprobó la mayor oferta pública de empleo de su historia, con 2.500 plazas, siendo gran parte de las mismas para funcionarios interinos, que a través del concurso del Principado pudieron consolidar su empleo. Y para este año, sólo en Educación, se ofertan 405 plazas. Aunque los sindicatos no muestran satisfacción por estas propuestas, en cualquier otro sector laboral la idea de crear cientos de puestos de trabajo resultaría sencillamente pasmosa. Por no hablar de la subida salarial de este año, que les permitió ganar poder adquisitivo en medio de la mayor crisis económica de las últimas décadas. ¿Cuáles son, entonces, las razones del desencuentro?

Crecimiento

La Administración regional conoció un cambio espectacular en sus dimensiones con la transferencia de las competencias de educación y sanidad, en los primeros años del siglo XXI. En un breve lapso de tiempo, el Principado pasó de 6.000 empleados a 35.800. A este cambio cuantitativo se unió un salto en las expectativas de los trabajadores, al tener más cerca al patrón y más audibles las reivindicaciones. El Principado se vio con una gran masa de trabajadores, algo muy positivo para prestar servicios a los ciudadanos, pero no supo prever la dinámica que iba a generar este cambio de dimensiones.

El Gobierno regional mantuvo un criterio clásico en las relaciones laborales, prefiriendo la interlocución con los sindicatos de clase, al presuponer que defienden y representan los intereses generales, cifrados en la defensa de los servicios públicos. Este es una idea que viene ya de los tiempos de la transición, y que con el paso de los años fue desgastándose hasta resultar más retórica que real, aunque bien es cierto que está en el frontispicio del ideario de las dos grandes centrales sindicales.

Ahora bien, ese esquema teórico de funcionamiento no le sirvió de mucho al Gobierno de Álvarez Areces. El ejemplo más claro de ello fue cuando en el año 2006, el personal de sanidad pidió el reconocimiento de la llamada, “carrera profesional”, que comportaba un importante plus salarial. La estrategia del Principado fue llamar a las dos grandes centrales para encauzar la demanda y evitar la huelga. El resultado final fue que en vez de comprometer el plus salarial para los 13.000 empleados de la sanidad, se extendió para los casi 36.000 de toda la comunidad autónoma. Un “negocio” redondo para el Principado.

Sindicatos profesionales

El problema de fondo es que en la Administración Pública el peso de los sindicatos profesionales o corporativos es creciente, un fenómeno que se da también en el resto de países avanzados. Es muy difícil resolver la problemática de los médicos de urgencia de los hospitales negociando con las dos grandes centrales sindicales, si de 180 profesionales, hay 140 afiliados al Simpa. Ante cualquier conflicto, se impone el principio general de negociar con los representantes reales de los trabajadores.

El Principado carece de una estrategia adecuada para entenderse con los sindicatos profesionales, porque el discurso de la defensa del servicio público no sirve para mucho. A esta situación general hay que añadir algunas características propias de las dos grandes ramas funcionariales que han entrado en nómina del Principado: sanidad y educación.

Hablar de sanidad es un tanto equívoco, porque dentro de esa área hay un grupo profesional con una tradición e imagen que no encuentra parangón en el mundo laboral: los médicos. Hasta tal punto es así que la frustración de miles de estudiantes que con excelentes notas no tienen acceso a las facultades de Medicina no se entendería sin la necesidad de la clase médica de preservar su estatus. La negociación con los médicos es muy desigual mientras haya tal desequilibrio entre demanda y oferta: la salud de más de un millón de personas en manos de 3.000 profesionales que no tienen posible sustitución.

La enseñanza es la única rama de la Administración que se ha cargado con sus huelgas a ministros, y tiene un modelo laboral (jerarquías, horarios, vacaciones) sumamente peculiar que no se puede obviar al evaluar a los profesionales. Desconocer la realidad concreta de médicos y profesores aumenta los conflictos, y negar marcos específicos de negociación, por razones burocráticas, no ayuda a resolverlos.

Se trata de dos grupos con un fuerte componente vocacional, muy superior al de otros sectores funcionariales, que en lejanos tiempos, años ochenta del siglo pasado, se identificó con proyectos políticos. No queda ni rastro de esa herencia. Mientras el Principado no logre la complicidad de una parte, aunque sea minoritaria, de esos grupos profesionales, estará abocado a repetir conflictos que se saldarán con rasposas rectificaciones o con pagos de complementos. Un asunto más grave de lo que parece, porque está en juego la sostenibilidad de los servicios públicos.