En 2012, Mariano Rajoy pidió a los gobiernos autonómicos que racionalizaran su sector público, dejando que cada uno marcara el ritmo y la profundidad de la reestructuración. El Principado fue el que tuvo menor ambición reformista, haciendo un recorte del 19%, mientras que, de media, en el resto de regiones la poda fue del 38%. La entonces consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, lo dijo de forma muy clara: «hemos cumplido con el compromiso de racionalizar el sector público, de forma acorde con lo moderado del sector y con el objetivo de fortalecerlo y nunca con el de reducirlo por el afán de competir con el resto de comunidades autónomas». En efecto, se prescindió de dieciséis entes y casi todo quedó como estaba. Los principales partidos, PP y Podemos, se lo echaron en cara. Los podemitas criticaron al Gobierno socialista por haber convertido el sector público en una administración paralela de la FSA y emplear a la gente del PSOE. Le afearon no haber cumplido la ley de 2013, que hablaba de la venta de Sedes y la liquidación de Gispasa. En el PP, Cuervas Mons disparó con bala: «ustedes no reformaron el sector porque tienen mucho cliente dentro».

La reestructuración se lanzó con la idea de aligerar la carga del sector público sobre la hacienda de los gobiernos autonómicos. En el caso asturiano, no se quitó un gramo, de forma que la deuda (Sogepsa, Zalia, etc.) es de 580 euros por ciudadano. No estamos hablando de ninguna anécdota. Al contrario, si se quiere hacer una política progresista que relance la economía asturiana y aumente la inversión y el empleo, hay que aminorar el sector público que está diseñado a la medida de las cuentas del Principado de la primera década del siglo, cuando la recaudación fiscal permitía mantener lujos y excesos. El sector público tiene un tamaño excesivo para nuestra región. O se recorta o seguiremos destinando la mayor parte de nuestros impuestos a mantenerlo.