El coronavirus revoluciona la política europea. En Italia se destinan 25.000 millones de euros para ayudas a las personas y a los sectores afectados por la epidemia y en Inglaterra se dedican 34.000 millones para relanzar la economía; el Banco de Inglaterra rebaja los tipos de interés al 0,25%: el porcentaje más bajo de la historia. La política española siempre tuvo un déficit de reflejos, así que habrá que esperar al Consejo de Ministros, que se celebra hoy, para ver el volumen y el destino de las subvenciones. Pedro Sánchez ya avisó: «Se hará lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta». Pues aquí y ahora, señor presidente. Mientras llegan las prometidas ayudas, el Gobierno adelanta que los ayuntamientos podrán disponer del superávit generado por ellos mismos en el pasado ejercicio. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento resultó benigno para las demás administraciones territoriales y muy riguroso para los entes locales que no les dejan gastar el ahorro logrado con una gestión austera. Y cuando les permiten realizar el gasto tiene que ser «financieramente sostenible», que es una expresión creada por Cristóbal Montoro para permitir o vetar cualquier inversión municipal. El pasado año, el Gobierno ya dio luz verde para consumir el superávit.
Dada la difícil coyuntura económica que atraviesa España, lo juicioso es que el Ejecutivo dé permiso para gastar el remanente de anteriores ejercicios que está inmovilizado en espera de que el Ministerio de Hacienda le retire la etiqueta de embargado. En abril de 2017, el Gobierno ya bloqueó 20.000 millones de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del Reino de España con Bruselas. Desde entonces está el dinero retenido y para colmo de males los bancos les empezaron a cobrar una comisión por custodiar tan preciado tesoro. Lo mismo les pasa a las diputaciones. Entre unos y otros la broma se acerca a los cien millones anuales. Llegó la ocasión de sacar rendimiento a ese capital olvidado. En la coyuntura más amenazante para la economía desde la crisis de las subprime, sería realmente inexplicable que el Gobierno no permitiera a los ayuntamientos hacer uso de sus propios recursos.
Es momento de tomar decisiones, aunque los socios del bipartito estaban centrados en el anteproyecto de ley sobre la libertad sexual hasta el pasado lunes. Es difícil un mayor divorcio entre las preocupaciones de los ciudadanos y las ensoñaciones del Gobierno. 2.200 infectados, todo un baño de realismo.