El papel jugado por Juan Carlos I para que España fuera una democracia como las de los países de nuestro entorno no admite dudas. Sin su concurso la transformación de un régimen autoritario en otro democrático hubiera resultado mucho más costosa y la población habría pagado un precio muy alto por lograrlo. Igualmente, desde la Jefatura del Estado realizó gestiones arriesgadas para desactivar el golpe de Estado de febrero de 1981, enfrentándose a tipos como Milans del Bosch. Por ambas cosas obtuvo un gran reconocimiento del pueblo español que le acompañó durante gran parte del reinado. Todo lo anterior no sirve para tapar otras actuaciones en absoluto edificantes que jalonan el final de su vida pública. Es inadmisible que el Jefe del Estado reciba dinero (cien millones de dólares), presuntamente, de un país extranjero por un asunto tan turbio como las comisiones pagadas por la adjudicación del Ave de La Meca. Tampoco tiene sentido que sea el beneficiario de fundaciones radicadas en el extranjero, cuyos representantes visibles son, presuntamente, testaferros del Rey emérito. Y qué decir de los sesenta y cinco millones que desde una de las fundaciones beneficiaria del monarca se transfirieron a Corinna Larsen. Se podrá argüir que nada de esto se ha demostrado ante un tribunal de Justicia, pero esa caución no anula la crítica, ya que hasta ahora la vía judicial no se ha ensayado y, además, la ausencia de explicaciones de don Juan Carlos y el interés tomado por la Fiscalía suiza y por la Fiscalía Anticorrupción española, la primera por la gestión de las fundaciones, y la segunda por las comisiones del Ave, lo dejan a los pies de los caballos.