La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha declarado que el envejecimiento y la dispersión deben contar en la financiación autonómica. Junto a esos criterios, ampliamente conocidos por todos, ha añadido que el gasto sanitario que depende de la edad avanzada también tiene que ser baremado en el sistema de financiación. Nunca hasta ahora se habían recogido tan claramente por el Gobierno las demandas asturianas sobre financiación, al ser la primera vez que se abre una expectativa de ponderar el exceso de consumo sanitario provocado por la población que tiene más de 75 años. Recuérdese que en algunos estudios se recoge que la mitad del gasto sanitario de un individuo se produce en el último año de vida.

Elena Salgado se ha metido de lleno en el laberinto de la financiación autonómica, a las cuarenta y ocho horas de haberlo hecho el tercer vicepresidente del Gobierno: Chaves dejó contento a Montilla y Salgado hizo lo propio con Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat y cerebro gris de todo el carajal organizado en torno al sistema de financiación. ¿Qué podemos decir del nuevo intento de negociar un nuevo modelo tras el cambio de ministros?

De momento hay pocas señales, pero ya se pueden espigar algunas tendencias. La negociación empieza en Cataluña. Allí viajaron religiosamente los dos vicepresidentes del Gobierno para empezar la ronda autonómica. El Gobierno está dispuesto a poner más recursos sobre la mesa para ser distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que alegra a los ricos (Cataluña) y a los menos ricos (Asturias). El Gobierno está dispuesto a ceder en algunos puntos, como la nivelación de la financiación “per capita” entre regiones, lo que supone más dinero para los ricos: Madrid, Baleares o Cataluña. El método para mejorar a estos territorios será, probablemente, el fondo de competitividad, un invento del equipo de Solbes, que luego dio paso a improvisar otros fondos al quejarse el mismísimo Chaves (en su época de presidente regional) de la marginación andaluza. Puede que Cataluña reciba compensaciones por mecanismos ajenos al sistema de financiación, como pueden ser las inversiones presupuestarias. A los catalanes con tal de recibir riqueza, les da igual el tipo de moneda. A los pobres, por ahora, buenas palabras.