La decisión de la Sindicatura de Cuentas de tratar de investigar sociedades que quedan fuera del campo de su competencia fiscalizadora merece el rechazo de Jaime Rabanal, consejero de Economía del Gobierno regional, al manifestar que la Sindicatura no responde a las normas para las que fue creada. ¿A qué responde? Según Rabanal a otra cosa, aunque no precisó el fin hacia él que dirige los pasos la institución fiscalizadora.

Resulta insólito que pese al criterio de los servicios técnicos de la propia Sindicatura de Cuentas, en la que se aclara que algunas sociedades no reúnen los requisitos para ser auditadas, se haya impuesto la voluntad del Consejo de la Sindicatura por mayoría (síndicos del PP e IU frente al síndico mayor). El letrado de la Junta General del Principado que recibió la documentación enviada por la Sindicatura de Cuentas corroboró la imposibilidad legal de investigar esas sociedades, por tener participación privada mayoritaria en su capital.

Se nos escapan las razones que puedan tener dos síndicos para tratar de investigar sociedades frente a los informes técnicos de su institución. La oposición del síndico mayor no fue suficiente para hacer reconsiderar su decisión. Lo que sí resulta visible es la ofensiva parlamentaria que organiza la oposición con los informes de la Sindicatura de Cuentas. La última escandalera tuvo como argumento el dictamen sobre Sedes. La Sindicatura no tiene responsabilidad en los desmadres que se monten en el Parlamento con sus informes, pero debería extremar las precauciones en los pasos que da para evitar la sombra de parcialidad. Si el síndico mayor se opone a investigar unas sociedades por estar fuera del campo de su competencia, no se entiende que se proceda a actuar por mayoría y se solicite permiso del Parlamento para auditar una sociedad, como Asturgar, donde la participación directa e indirecta del Principado no suma más de un 39,03%. Podrá el consejo de administración de Asturgar pedir una auditoría privada, pero no tiene sentido que la fiscalización provenga de una institución que depende de la Junta General del Principado.

El próximo martes, en la Comisión de Economía de la Junta General del Principado, los grupos parlamentarios decidirán sobre el permiso solicitado por la Sindicatura de Cuentas.