La distinta respuesta dada por PSOE e IU sobre la petición de la Sindicatura de Cuentas de auditar entidades que no tienen mayoría de capital público ha sido aprovechada por el PP para criticar a ambos. Cargar contra IU, en este asunto, es fácil. Hasta hace unos meses, IU estaba en la oposición y aplaudía cualquier intento de fiscalización, mientras que ahora, como grupo de gobierno, mantiene un juego ambiguo, porque sus dirigentes deslizan críticas sobre la actuación de los síndicos, pero luego, en la mesa de la Junta General del Principado, votan con el PP contra el PSOE. Los diputados populares, Ramón García Cañal y Agustín Cuervas Mons, consideran que se debe investigar todas las entidades relacionadas con el Principado, aunque la participación pública en esas sociedades esté por debajo del 50% de su capital. Y fueron más allá en sus críticas al acusar al Gobierno regional de crear una red de empresas mixtas, con capital público minoritario, para que la Sindicatura no pueda auditarlas.

Les corresponde a los portavoces parlamentarios del PSOE y de IU armonizar las actuaciones de sus grupos. No puede ser que compartan en el seno del Gobierno todo tipo de medidas y que en el Parlamento mantengan posturas distintas y enfrentadas. Es una obligación que tienen ante la opinión pública, al margen de las críticas que reciban del PP. La vida política asturiana tiene ya demasiadas atipicidades, como para pasar por alto una actuación que atenta contra el pacto de gobierno suscrito por ambos. Sería inimaginable que en Cataluña uno de los socios del PSC votara en la Cámara con el PP. La base de cualquier gobierno de coalición pasa por actuar juntos en el Parlamento contra las estrategias de la oposición.

Los diputados del PP dicen que el Principado se escuda en empresas mixtas para evitar el control de la Sindicatura. Lo dice algún diputado que fue destacado concejal del equipo de gobierno de Gabino de Lorenzo en unos mandatos que se caracterizaron por poner todos los recursos del Ayuntamiento de Oviedo en manos privadas para poder actuar sin control público. Los servicios de limpieza, transporte, agua, y hasta el mismísimo cementerio quedaron en manos de empresas privadas. En Oviedo no hay nada que fiscalizar. Después de presidir Gesuosa se ponen a hablar de chiringuitos.