La controversia sobre la nueva prórroga del estado de alarma tiene un indudable interés general y saca a la luz las contradicciones de la coyuntura política española. Si las relaciones entre los distintos partidos no estuvieran enconadas y el Gobierno se apoyara en una mayoría parlamentaria sólida, la discusión no tendría lugar: el estado de alarma sería prorrogado de forma casi rutinaria. El Gobierno ha dado a conocer un plan de recuperación de la actividad social y económica que, al menos en las primeras fases, exige restringir la movilidad de las personas, siendo necesario que el Congreso de los Diputados apruebe la limitación de los derechos fundamentales tal como viene recogido en la Constitución. Hasta aquí lo que debería ser; a partir de aquí las anomalías.

Las fuerzas aliadas del Gobierno, claves en la investidura de Pedro Sánchez, no han apoyado en ninguna ocasión el estado de alarma. JxCat ha votado siempre en contra y ERC se ha abstenido. Para la votación del miércoles, ERC pasa a engrosar el frente del “no”. El PNV condiciona la aprobación a que el Gobierno deje la gestión de la transición a la normalidad pase a manos de las comunidades autónomas. El estado de alarma se ha mantenido casi dos meses por el el apoyo incondicional de PP y Ciudadanos. Al ser un asunto de Estado, este hecho debería ser suficiente para cambiar el sistema de alianzas, sin embargo en la Cámara Baja los discursos van por un lado y las votaciones por otro: duro intercambio de acusaciones con la oposición de derechas y delicadas consideraciones hacia los independentistas.