AGRAVIO TERRITORIAL
La novena Conferencia de Presidentes mantuvo la tónica iniciada el pasado domingo, con más críticas y quejas al Gobierno que apoyos. El proceso de la desescalada ha reabierto los agravios territoriales. El presidente de Andalucía, Bonilla, ha comparado los ratios de la pandemia en Málaga y Granada con los de Vizcaya.
Las cifras muestran una realidad que choca frontalmente con las decisiones tomadas por los expertos para cambiar de fase. Las provincias con más turismo de España quedan en la fase cero, mientras que Vizcaya progresa a la fase uno. Se puede opinar en uno y otro sentido, pero los números no son tan elásticos como las palabras. Si comparamos Vizcaya con Granada nos encontramos con que la primera triplica los casos positivos, cuadriplica el número de hospitalizados y triplica los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, aunque solo tiene un 25% más de habitantes. Granada y Málaga siguen en la fase cero y las tres provincias vascas promocionan a la fase uno. Es imposible disociar las calificaciones otorgadas a los territorios vascos del apoyo dado por el PNV a la prórroga del estado de alarma.
Hay una diferencia cualitativa en el tratamiento político dado en la mayoría de las regiones contra la pandemia en relación a las llamadas nacionalidades históricas. En estas últimas hay una gestión autonómica. En la fase uno están once regiones, pero solo en el País Vasco se podrán saltar los límites provinciales para visitar a familiares de la tercera edad con salud delicada. También es la única comunidad autónoma donde se podrán dar paseos en familia de más de un kilómetro, o donde volverán a las aulas los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional dentro de siete días. Serán decisiones acertadas o equivocadas, pero las toma el Gobierno del propio territorio.
Las medidas sobre la desescalada están llamadas a incrementar la tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El campo está abonado. El presidente y el ministro de Sanidad no cesan de decir que las decisiones las toman los expertos («la ciencia») y ellos se limitan a ratificarlas. No sabemos quiénes son esos sabios. El Gobierno, en un ejercicio encomiable de transparencia, se resiste a dar los nombres. En pleno estado de alarma, las principales decisiones las toma una comisión de embozados que ni elegimos ni conocemos. A la vista de los resultados podemos asegurar que llegaron con la lección política aprendida. Solo así se pueden defender los genuinos intereses generales.