En la edición de ayer de EL COMERCIO todos pudimos leer que «Foro atribuye a Francisco Álvarez-Cascos el cobro de un millón en sueldos y 230.000 euros en gastos». A continuación se detallaban los gastos: alojamiento en hoteles, gasolina, peajes, prensa, teléfono de los hijos, zapatos, libros y un test psicotécnico. Los sueldos del partido se habían compatibilizado con las remuneraciones públicas como diputado. Entre los ingresos estaba el cobro a través de una sociedad –de la que habían sido administradores únicos Cascos y María Porto– por facilitar un despacho a Foro para utilizarlo como sede en Madrid. Todo lo relatado había salido a la superficie en el curso de una auditoría encargada por la dirección de Foro a la firma Vaciero.
Los hechos son fáciles de entender, no se trata de un asunto de abstrusa ingeniería financiera. En Asturias ya tuvimos un antecedente famoso, con un legendario sindicato de rama que tuvo un jefe, no menos legendario, que cargaba gastos particulares sobre las cuentas de la organización. En realidad, era un sistema de doble beneficio: ingresaba y gastaba a cuenta del colectivo. Para entendernos, un mete-saca. El caso de Foro parece una copia, pero para confirmarlo hace falta que un juez recoja todos hechos en una sentencia condenatoria.
Escuché todo el audio de la rueda de prensa dada por la Comisión Directiva de Foro y la rotundidad del relato se diluye. No sospechan de nadie. Ignoran si hubo malversación. Sobre Cascos, sólo afirman que los decepcionó. Seguro que es un sentimiento recíproco. Al único asunto concreto al que se refirieron, repetidamente, fue al alquiler de la sede en Madrid que desconocían. La otra idea repetida es que le van a dar la auditoría a los servicios jurídicos y que ellos decidan. ¿Desde cuándo un abogado decide por un cliente? La denuncia de un político no se puede sustituir con el trabajo de un técnico.