El ambiente enrarecido de la política española degrada a instituciones, partidos y personas. La decisión de cesar al coronel Pérez de los Cobos por no informar sobre la investigación que realizaba la Guardia Civil sobre el 8-M ha abierto una crisis entre el Instituto Armado y el Gobierno. Al publicarse la propuesta de destitución enviada por María Gámez, directora general de la Benemérita, al secretario de Estado de Seguridad queda constatado que el Gobierno presionaba para tener conocimiento sobre las misiones de los guardias civiles como Policía Judicial. Marlaska no abordaba la renovación de equipos ni nada semejante, sino que exigía a los mandos de la Guardia Civil información sobre la instrucción de determinados sumarios que les afectan, como el del 8-M.
Pedro Sánchez podía negar la mayor, pero prefirió pasar al contraataque y blandir un argumento delirante: «Al ministro del Interior lo atacan porque está destapando una mal llamada policía patriótica». El presidente asume los demonios familiares de Pablo Iglesias. El Gobierno da por sentado que hay policías malos, extremistas, operando en tramas negras, que el propio Ejecutivo, a través de Marlaska, desmonta. Decir esto cuando acaba de depurar al jefe de la Comandancia de Madrid es una metedura de pata superlativa. No es que el Gobierno tenga una política equivocada sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es una cuestión de actitud. Un partido radical, antisistema, entra en esos juegos de alusiones veladas para socavar el prestigio de instituciones claves para defender el orden constitucional, pero el PSOE nunca actuó así cuando gobernó. Si el doctor Fernando Simón y Sanidad ocultaron a las comunidades autónomas el informe de la UE que alertaba sobre el peligro de convocar manifestaciones a primeros de marzo es cosa de ellos. La Guardia Civil se limita a recogerlo en su informe. Un Gobierno que lanza insidias sobre las fuerzas del orden se convierte en causa del desorden.