El Gobierno de Adrián Barbón y los grupos de la oposición, con la excepción de Vox, han llegado a un acuerdo sobre los objetivos que van a reivindicar en Madrid cuando se abra el melón de la financiación autonómica. Como estamos en una época tan extraña, al oír hablar de amplio acuerdo parlamentario sobre algo, dan ganas de aplaudir sin necesidad de conocer el contenido de lo pactado. En la gestión de la pandemia, Asturias obtiene resultados (infectados, fallecidos) por encima de la media del resto de comunidades autónomas, y en las relaciones institucionales no se siente arrastrada por la fuerte corriente degradante que daña a las instituciones del Estado. En ambas cuestiones (Parlamento y sanidad) es importante que nuestra región sea excepción y no siga la pauta dominante.

Entre los temas tratados hay asuntos que tienen que ver con la estrategia (frente de regiones con intereses homogéneos), una política que ya venía de anteriores mandatos; hay otras cuestiones que suponen directamente la entrega de más recursos por parte del Estado (garantizar los niveles de gasto suficiente para la cobertura de los servicios públicos). En el acuerdo se habla de pérdida de recursos por la crisis de 2008, sin embargo, antes de la llegada del coronavirus, la recaudación de los grandes impuestos ya estaba en niveles máximos. Entre las reivindicaciones hay también excentricidades, como la apelación a la insularidad de la región. Convierten la necesaria inversión pública para acabar la variante de Pajares o la supresión del peaje del Huerna en un coste adicional a la hora de prestar servicios públicos.