DEBATIR SIN RIGOR
A veces en la Junta General del Principado se tratan asuntos importantes para la región como la problemática industrial, el nuevo sistema de financiación autonómica o el fondo de compensación por la pandemia.
Ahora bien, de nada vale abordar cuestiones de interés si no se hace con rigor. No se pueden hacer aportaciones a la financiación autonómica sin saber sobre qué versa ni se puede discutir del fondo de compensación como si fuese el sistema de financiación autonómica. Una cosa es tocar el piano y otra hacer ruido con las teclas.
Por decisión de la Cámara, a propuesta de los grupos de oposición, Asturias presentará algunas iniciativas desenfocadas sobre el sistema de financiación territorial, que solo pasarán desapercibidas si tenemos la suerte de que otras regiones compitan en disparates. Veamos un par de ejemplos antes de tratar el fondo de compensación por la pandemia.
Reparto
Para mejorar el sistema de reparto de recursos nuestros diputados parten de una premisa falsa: «Hay que garantizar el nivel de gasto suficiente para la cobertura de los servicios públicos, los cuales se vieron reducidos como consecuencia de la anterior crisis económica».
Es cierto que el actual modelo de financiación se aprobó en un momento de recesión (julio de 2009; en los seis meses anteriores se habían perdido 900.000 empleos), pero el Gobierno central añadió 11.000 millones de euros y mejoró la financiación de todas las regiones, por eso ninguna comunidad autónoma votó en contra (las seis del PP se abstuvieron) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El modelo es tan consistente que once años más tarde, el Principado, receptor del 80% de sus recursos por ese conducto, pudo aumentar el presupuesto en un 5%, y destinó a la sanidad 1.811 millones, siendo pionero en la implantación de algunas prestaciones, a nivel nacional, como la salud bucodental para niños de cero a catorce años. Además le sobró dinero para reducir la jornada de los funcionarios a las 35 horas, un lujo que no se puede permitir ningún sector de la economía privada. Y todavía se atreven a hablar de servicios públicos reducidos.
Los diputados asturianos quieren que el sistema de financiación autonómica contenga este otro precepto: «La inversión pública estatal se distribuirá entre territorios en función de criterios claros y objetivos basados en la sostenibilidad económica, social y ecológica».
La inversión pública no tiene nada que ver con la financiación autonómica ya que esta última tiene como único objetivo el sostenimiento de los servicios públicos. Por cierto, la inversión pública del Estado atiende a objetivos nacionales, y unas veces se concentra en unos lugares del mapa y otras veces en otros. No se trata de repartir una tarta, sino de impulsar la economía, el empleo y el bienestar de España.
La alusión a la «sostenibilidad económica, social y ecológica» es propia de alumnos que se enrollan cuando no tienen ni idea de la lección.
Compensación
El otro día se discutió en la Cámara sobre el fondo de compensación de 16.000 millones creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los daños causados por la pandemia. Adrián Barbón dijo que recibiríamos 280 millones y la oposición se rasgó las vestiduras.
Nuevamente resulta desolador comprobar el argumentario de la oposición. Mallada (PP) manifestó que Asturias «sale perdiendo claramente con el nuevo criterio de reparto». La portavoz popular dijo que deberíamos recibir 352 millones. Veinticuatro horas antes, Laura Pérez Macho (Ciudadanos) ya había avanzado esa cifra y, además, la razonó: Asturias tiene el 2,2% de la población nacional, así que de los 16.000 millones nos corresponden 352.
El Gobierno central no asigna el dinero por población. En la propuesta inicial –la que implícitamente Mallada considera mejor o menos mala– la población tenía un peso del 20% en el reparto del dinero, el resto era por actuaciones sanitarias. Las dos portavoces hablan como si estuvieran discutiendo del sistema de financiación autonómica, con la población como principal variable para determinar el coste los servicios públicos, cuando estaban tratando un asunto distinto: un fondo para compensar los gastos provocados por el coronavirus, donde el gasto sanitario es la principal variable.
Cifra redonda
Ángela Vallina (IU) dictaminó: «Todo lo que sea recibir menos de 300 millones sería una cifra escasa para Asturias». ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué 300 y no 400? ¿Qué entiende por escasa? ¿Cuándo sería abundante? A falta de explicaciones, los 300 millones tienen la virtud de las cantidades redondas, fáciles de recordar y aptas para reivindicar.
Lorena Gil (Podemos) lamentó que los 280 millones «no van a permitir compensar nuestro gasto sanitario extraordinario y la caída de ingresos». Un argumento muy parecido al utilizado por Adrián Pumares (Foro) al considerar insuficiente la cantidad anunciada por Barbón, «porque no alcanzará para cubrir los gastos sanitarios, educativos o sociales». Es un discurso muy llamativo que se apoya en el siguiente sobreentendido: las comunidades autónomas pueden pasar todas las facturas al Gobierno de España para que las pague. ¿Y al Gobierno central quién le compensa el gasto extraordinario? En la oposición, solo Ignacio Blanco (Vox) conocía el tema.
En otro tiempo, Carlos Solchaga, pleno de arrogancia, dictó sentencia: «Que cada uno hable de lo que sepa, aún a riesgo de que algunos callen para siempre».