La imagen del Rey emérito se deteriora a pasos agigantados. No hubo aún ninguna medida judicial sobre él que permita hablar de la presunta comisión de delitos, pero la publicación de las conversaciones entre el excomisario Villarejo y la señora Larsen, así como los interrogatorios realizados por la Fiscalía suiza a presumibles testaferros de don Juan Carlos presentan un cuadro desolador para el anterior jefe del Estado y muy preocupante para la Corona. Desde una perspectiva legal, para la Justicia española –que no para la suiza– la figura del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, como señala el artículo 56 de la Constitución, pero desde una óptica política y social es imposible que don Juan Carlos mantenga su actual estatus ante una sociedad escandalizada por presuntas operaciones de enriquecimiento ilícito, así como por la realización de operaciones financieras opacas para beneficiar a personas que no han hecho otro mérito que formar parte de su intimidad. Se suceden las noticias a diario y ni el Rey emérito ni nadie en su nombre ofrece una versión que despeje las sombras sobre su actuación. Es un poco ridículo creer que la consideración social es diferente si los cien millones de dólares transferidos a la señora Larsen son el resultado de gestiones mercantiles en Arabia Saudita o fruto del amor.