El uso del remanente de los ayuntamientos se ha convertido en cuestión prioritaria del Gobierno. Hasta ahora había sido un asunto que afectaba solo al Ministerio de Hacienda, pero tras la protesta generalizada de los alcaldes por el contenido del pacto alcanzado por Abel Caballero con María Jesús Montero, todos los partidos de la oposición están dispuestos a rechazar el decreto ley. Pedro Sánchez ha comprendido la gravedad de la situación y se ha acogido a su tradicional fórmula de predicar diálogo y promesas para evitar un revés en el Congreso de los Diputados. Tras el desgaste sufrido por el Ejecutivo en lo que llevamos de legislatura, lo último que necesita el Gobierno es una derrota parlamentaria en un asunto de tanto calado, con más de 8.000 ayuntamientos por el medio.

Por su parte, María Jesús Montero se mantiene en sus trece y descarta volver a negociar un nuevo texto. La ministra se ampara en la Abogacía del Estado para asegurar que la fórmula pactada (ceder el remanente municipal al Ministerio de Hacienda a través de un préstamo) es la única que permite a los alcaldes gastar los ahorros que tienen inmovilizados en los bancos. Conocemos ese viejo truco. Ya vimos a la ministra utilizar a la Abogacía del Estado como argumento para dar con la puerta en las narices a otras administraciones públicas. La última vez fue cuando se negó a transferir 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas por su participación en el IVA del ejercicio de 2017. En aquella ocasión, la disculpa técnica consistía en negarse a entregar esa cantidad mientras no estuvieran aprobados los presupuestos del Estado. El caso es acogerse a supuestas razones técnicas para llevar la contraria al sentido común. En el caso presente, impedir que los ayuntamientos puedan gastar el dinero que ahorraron en los últimos ocho años.

Estamos ante un tema político de fondo, relacionado con la autonomía municipal y el papel de los ayuntamientos en el gasto público del Estado. La ministra habla de «las críticas exacerbadas de los alcaldes del PP», pero no dice que Ada Colau también rechaza su propuesta. Y que los alcaldes de Vox, Ciudadanos, ERC, JxCat, PNV, Bildu, PRC, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Navarra Suma, Foro Asturias o Compromís mantienen la misma tesis que los ediles del PP. Cuanto antes rectifique el Ejecutivo, más fácil será llegar a un pacto razonable que pase por reconocer a los ayuntamientos el derecho a decidir sobre sus ahorros. Nada de tutelas paternalistas.