La primera tarea que tienen ante sí los miembros de la Junta General del Principado, cuando termine el largo periodo vacacional, es la de revisar la agenda parlamentaria. La situación en la que se encuentra Asturias, como la de cada una de las diecisiete comunidades autónomas, no tiene nada que ver con la que había otros años al inicio del curso político, así que convienen abandonar rutinas. En caso contrario, el divorcio entre las preocupaciones de la calle y las ocupaciones de la Cámara será más visible que nunca.

Tocaba en el último trimestre del año retomar la discusión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y parece que se va a aplazar, al menos, hasta febrero de 2021, fecha en que reanudan su actividad los diputados tras la pausa navideña (los diputados constituyen el único colectivo de personas en activo que se pasan todo el mes de enero en blanco con la disculpa de que están disfrutando de las vacaciones de Navidad). La revisión del Estatuto debía quedar aplazada de manera indefinida, ya que no conozco a nadie que la solicite fuera de los miembros del Parlamento y personal asociado. Perder el tiempo en un momento en el que hay una larga lista de urgencias sería una tremenda frivolidad que descalifica a quienes pretendan abordar la citada cuestión. Ninguno de los actuales problemas de la región se soluciona con una reforma del articulado del Estatuto.

El escándalo diario de ver cómo las autoridades estatales y autonómicas no son capaces de ponerse de acuerdo sobre el número de contagiados y fallecidos, por la COVID-19, irrita y desazona de tal manera que resultaría insoportable ver a los diputados perdiéndose en gorgoritos sobre las bondades de un autogobierno supuestamente reforzado. En un momento en que el Gobierno se encoge de hombros ante la escalada de la pandemia, refugiándose en que es cosa de los gobiernos regionales, y en que los presidentes de las autonomías se consideran facultados para tomar decisiones que corresponden al Gobierno central bajo el paraguas del estado de alarma, resultaría patético hacer un canto a las bondades del Estado autonómico y la modélica división de competencias entre administraciones.

Dejemos al Estatuto de Autonomía en paz. Ya llegará el tiempo de realizar polémicas retóricas sobre la mejora de su articulado. Deseo que sea cuanto antes porque indicará que la pandemia, y con ella las terribles consecuencias económicas y sociales que lleva asociadas, habrá quedado superada. Frivolidades, las justas.