Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura y en la actualidad también del Consejo Político Federal del PSOE, declaró que el Gobierno piensa recuperar algunos contenidos del rechazado decreto-ley sobre el remanente municipal para incorporarlos a una norma que tenga que aprobar el Congreso de los Diputados. A modo de ejemplo, señaló que bien podrían acompañar al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021.

Al señor Fernández Vara, como le ocurre a la mayoría de los políticos cuando gobierna su partido, le parece correcto utilizar el procedimiento legislativo habitual de aprobación de cualquier norma para adosarle mercancía ajena. Esta cuestión, escasamente conocida por la opinión pública, no deja de ser un recurso totalmente torticero que sirve para aprobar cuestiones que resultan conflictivas sin necesidad de realizar una tramitación autónoma. Las leyes de acompañamiento de los presupuestos del Estado se han convertido en un cajón de sastre para introducir asuntos relativos a subvenciones electorales, televisiones privadas, maltrato de género, etc. En jerga jurídica las denominan leyes escoba y llegan a englobar decenas de disposiciones distintas que no tienen nada que ver con los presupuestos estatales. La solución a los ahorros de los ayuntamientos que están inmovilizados en los bancos merece la elaboración de una norma propia, debatida sin prisas. Nada de camuflar la solución al problema dentro de una ley de acompañamiento de contenidos múltiples de muy variada naturaleza.

En las últimas semanas la ministra de Hacienda se cansó de repetir que el remanente municipal solo se podrá activar entregando los ayuntamientos todo el dinero al Estado a través de un préstamo. Posteriormente el Gobierno lo devolvería en cómodas anualidades: quince años esperando para poder gastar lo que es de uno. Como la propuesta se parece mucho a una tomadura de pelo, la oposición la echó abajo en la Cámara Baja. A ver qué fórmula presenta ahora el Ejecutivo tras el fracaso. ¿Se desdecirá la ministra tras mantener que su oferta carecía de alternativa legal? ¿Qué conejo sacará el Gobierno de la chistera? La solución que aporte solo será válida si los ayuntamientos recuperan la gestión de sus propios ahorros. Desde una perspectiva formal es preciso que el Gobierno siga la vía del proyecto de ley que permite negociar propuestas de la oposición. Ni el trágala del decreto ley (lo tomas o lo dejas) ni la opacidad de las leyes escoba.