EL PESO DE LOS ALCADES
El rechazo al decreto ley sobre los ahorros municipales tiene una gran importancia porque revela la debilidad del Gobierno y queda acreditada, por primera vez, la influencia de los alcaldes en el Congreso de los Diputados.
En la anterior legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez ya había visto cómo Podemos desde la oposición tumbaba el decreto-ley sobre la vivienda, pese a haberlo acordado. En esta ocasión la materia tenía una mayor transcendencia, ya que afecta a todos los ayuntamientos que han tenido superávit en los pasados ejercicios.
El total de los remanentes municipales está en torno a los 14.000 millones de euros y se encuentra inmovilizado en los bancos. El Gobierno presentó un plan para activar tanta riqueza, consistente en que los ayuntamientos se la entregaran bajo la forma de un préstamo y, luego, se les devolvería en el plazo de quince años. Durante todo ese tiempo la gestionaría el Ejecutivo. Para que no se les hiciera larga la espera, el Gobierno les entregaría, a modo de anticipo, 5.000 millones.
Del problema del ahorro municipal inmovilizado en los bancos se beneficia el Gobierno al convertirse en depositario. Los 5.000 millones que iba a aportar el Ejecutivo no suponen ningún alarde de generosidad, ya que primero recibiría el triple de dinero.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, justificó la operación señalando que no había otra forma legal para mover el dinero acumulado en las entidades de crédito. Se reconoce a los ayuntamientos que el dinero es suyo, pero solo puede ser gestionado por el Gobierno central, que ya lo irá devolviendo a partir de 2022, durante quince años.
La ministra pactó con Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, pero los alcaldes de los otros partidos rechazaron el acuerdo.
Humillación
La operación tenía una lectura particularmente humillante para los alcaldes al relacionar los 16.000 millones de euros entregados por el Gobierno a las comunidades autónomas, para reforzar la sanidad y la educación, con los 14.000 del remanente municipal puesto en manos del Gobierno a través del pacto suscrito con Abel Caballero. Con otras palabras: el Gobierno se apropiaba de los ahorros municipales para financiar las comunidades autónomas.
En la junta de gobierno de la FEMP se registró un empate entre los regidores socialistas y el resto, resuelto por el voto de calidad de Abel Caballero. Durante 35 años la FEMP tomó todas las decisiones por unanimidad; la tradición se rompió cuando estaba sobre la mesa el destino de los ahorros municipales, y se llevó a cabo con la federación dividida en dos mitades. El Gobierno dio carpetazo al asunto transformando el acuerdo en decreto-ley que el Parlamento debería convalidar.
El grave error político del Ejecutivo, y particularmente de la ministra de Hacienda, consistió en minusvalorar el peso político de los ayuntamientos. Bien es cierto que durante décadas los alcaldes se quejaron de la escasa financiación que recibían del Estado, pero nunca dejaron de gestionar las competencias que les corresponden por ley y las que tuvieron que asumir por la inhibición de las administraciones competentes.
La actitud responsable de los alcaldes hizo que los ayuntamientos no transformaran sus preocupaciones en conflicto político. La FEMP jugó un papel fundamental a la hora de amortiguar las tensiones a través del consenso. Las sucesivas juntas de gobierno renunciaron al sistema de mayorías para decidir por unanimidad, integrando todas las posiciones.
Abel Caballero cometió la osadía de sustituir el consenso por su propio parecer (voto de calidad). El presidente de la FEMP fue colaborador necesario en el desaguisado, al actuar al dictado del Gobierno. Carece de credibilidad para seguir liderando la FEMP.
La ‘liga’
A partir de ahí vino la segunda parte de la batalla, al constituirse los regidores discrepantes, pertenecientes a quince partidos (PP, Ciudadanos, PNV, JxCat, ERC, Compromís, Coalición Canaria, BNG, etcétera), en la ‘liga de los alcaldes’.
Hicieron valer su peso en las direcciones de los distintos partidos y a los pocos días del histórico desacuerdo de la FEMP ya contaban con el apoyo de 190 diputados para rechazar el decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros. Ni María Jesús Montero ni el equipo de estrategas de la Moncloa, coordinado por Iván Redondo, habían imaginado que los alcaldes pudieran tener tanta influencia en el Parlamento.
Con el decreto-ley incluido en el orden del día del pleno del Congreso de los Diputados, de la segunda semana de septiembre, María Jesús Montero entró en pánico y empezó a hacer contrapropuestas tan inútiles como disparatadas al proponer dejar la regla de gasto sin efecto para los ayuntamientos durante un año, estrenando una doctrina que podría llamarse de ‘legalidad intermitente’.
Todo fue inútil, el pasado jueves el decreto-ley fue rechazado en el Congreso de los Diputados, entre una gran ovación. Al Gobierno solo lo acompañó en la votación el diputado de Teruel Existe.
La pelota está en el tejado del Gobierno, que tiene la obligación de dar una solución al remanente municipal. No pueden seguir 14.000 millones inmovilizados mientras los ayuntamientos se ven desbordados por tantas demandas sociales.