El pasado jueves, en el debate parlamentario sobre la gestión del remanente municipal (los ahorros de los ayuntamientos), María Jesús Montero apeló a la amenaza para tratar de que la Cámara validase el decreto-ley que le permitía hacerse con el control de los ahorros ajenos. La ministra dijo que «no habría otra oportunidad». La oposición, en bloque, mantuvo el rechazo y el decreto quedó reducido a papel mojado. Cuando apenas pasaron cuatro días, María Jesús Montero se desdice y anuncia un nuevo decreto-ley que contempla el abandono de la regla de gasto para las corporaciones locales en 2021. De esa forma los alcaldes podrán utilizar los superávit de 2018 y 2019. Se levanta el veto a los consistorios para que gasten más de 3.000 millones de euros del total de 14.000 millones que están bloqueados en los bancos.

Sin necesidad de nuevo asesoramiento la ministra pasó del digo al Diego. Durante meses defendió que para gastar los fondos que están bloqueados en las entidades de crédito la única vía que tenían los ayuntamientos era prestarle toda esa suma de dinero al Gobierno central y que este se la devolvería en un plazo de quince años. María Jesús Montero se limitó a decir que las leyes no permitían ningún otro mecanismo para que los alcaldes gestionaran los superávit. Mal asunto es que en el debate político la argumentación se reduzca a invocar la legalidad de manera dogmática sin ni siquiera plantearse la posibilidad de reformarla cuando es posible hacerlo.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, cuando las cuentas del Estado hacían agua. Fue un remedio de emergencia para una situación excepcional. Con esa norma la capacidad de gasto de los ayuntamientos quedó muy constreñida; el único camino que estaba expedito era la dedicación de los recursos económicos a la amortización de deuda. La posibilidad de hacer inversiones quedaba muy acotada. En la actualidad no se entiende la negativa del Gobierno para reformar la norma cuando las grandes instituciones económicas internacionales llaman a gastar toda la pólvora en reactivar la economía. No me parece serio que el Gobierno negocie con los ayuntamientos la suspensión de la regla de gasto, o techo de gasto, de manera puntual, un año rige la norma y al siguiente, no. En cualquier caso, lo que ha quedado acreditado es que el Gobierno tenía en sus manos una forma muy sencilla de devolver a los ayuntamientos la gestión sobre sus recursos.