Continúa el debate público sobre el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces en Barcelona. La ministra portavoz del Gobierno ha manifestado que el «jefe del Estado siempre respeta la neutralidad democrática e institucional que le exige el cumplimiento de la ley». La declaración de la ministra aparenta ser una defensa del Rey, pero tiene por objetivo moderar la imagen del Gobierno tras la salida en tromba de ministros y altos cargos de Unidas Podemos contra don Felipe de Borbón. La urgencia republicana de Garzón, Iglesias y Echenique está basada en un comentario realizado por el Monarca al presidente del Consejo General del Poder Judicial: me hubiera gustado acudir al acto.

¿En qué país democrático el jefe del Estado no puede decir al máximo responsable del poder judicial que hubiera querido presidir un acto como lo lleva haciendo desde que ejerce como primera autoridad del Estado? El debate político en España está completamente desnortado. Estamos inmersos en tal cúmulo de anomalías que se considera que el Rey tiene el mismo margen de libertad que el recluta en el cuartel antes de jurar bandera. Aquí hay que ver como normal que Bildu sea un interlocutor preferente del Gobierno para aprobar los presupuestos del Estado o que hay que negociar con ERC la normalización institucional catalana, cuando jugaron un papel fundamental en la transgresión de la legalidad constitucional. La división romana entre adversarios y enemigos está tan pervertida en la clase política que los radicales independentistas son meros adversarios, mientras que a partidos inequívocamente constitucionalistas se les dispensa el trato de enemigos.

Resulta patético que grupos con responsabilidad de gobierno crean que España necesita aquí y ahora un cambio en la forma de Estado. Con la pandemia retratándonos como país ingobernable (¿o el peor gobernado?), el mercado de trabajo sostenido por el respirador de los ERTE y las estadísticas señalando que somos el territorio problema entre las grandes economías europeas, resulta que algunos desean echar al Rey y poner en su lugar a una figura pactada con Bildu, ERC, BNG, JxCat, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, etcétera. Alcanzado el acuerdo vendría, luego, la votación popular. Imagino que sobre esa base considerarán que España será un ejemplo a imitar por esos rancios socios europeos (Holanda, Suecia, Noruega, Bélgica, Dinamarca) que tienen «monarquías hereditarias», como dice Alberto Garzón.