Esta semana se llevará a cabo el debate sobre el estado de la región en la Junta General del Principado. Las intervenciones se producirán en un marco muy especial, definido por el estado de alarma, las tres principales ciudades cerradas y las cifras de contagios y fallecimientos en los niveles más altos de los últimos meses. De alguna manera, el estado de la región es el estado de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Aunque en el debate se constaten diferencias, es de esperar que en la política sanitaria haya materia suficiente para llegar a acuerdos. En el Principado el debate de la región siempre se solapa en el calendario con la preparación de los presupuestos anuales. Las cuentas van a quedar marcadas, forzosamente, por el gasto sanitario, que en el próximo ejercicio será más elevado de lo acostumbrado. Somos la comunidad que tiene un porcentaje de sanitarios más alto con respecto a la población activa. Para llegar a unas cuentas regionales con gran apoyo parlamentario, la mejor vía es ponerse de acuerdo en torno a la sanidad y los ingresos fiscales.

Una vez aceptado que la prioridad presupuestaria es el gasto sanitario, el acuerdo sobre el resto de materias será más fácil de alcanzar. El virus no va a impedir que se traten los asuntos que ocupan, año tras año, la agenda política, como la industria, las prestaciones sociales o la despoblación. Se sumarán esta vez otras cuestiones, como la reforma de la Administración autonómica, anunciada por Adrián Barbón, y la gestión de los fondos extraordinarios provenientes de la Unión Europea.

Hasta que nos visitó el coronavirus, la demanda de la clase política al Gobierno para que arbitre un sistema que rebaje el coste energético a la industria que consume mucha electricidad constituyó la gran cuestión del debate público asturiano. Como es lógico, la pandemia dejó en un segundo plano el coste de la factura eléctrica, pero no se ha resuelto. En ninguna otra comunidad autónoma se habla del problema de la industria electrointensiva. Algo en Galicia, debido a Alcoa, y gracias. El Ministerio de Industria prometió un estatuto para la industria electrointensiva, donde se daría satisfacción a las demandas asturianas, pero el citado estatuto no superó la fase de borrador.

Es necesario que se adopte alguna medida clara, y con plazos, en el debate sobre el estado de la región. No hablo de impensables ultimátums, pero que Gobierno y opinión pública comprueben que las instituciones asturianas no aceptan tomaduras de pelo.