En una reunión distinta a todas las habidas bajo el formato de Conferencia de Presidentes, Adrián Barbón decidió tirar por la calle del medio y decirle a la presidenta europea, y exministra de Angela Merkel, que es urgente aprobar un arancel medioambiental en Bruselas que defienda al acero europeo de la competencia desleal a la que está sometido por los productos siderúrgicos provenientes de países de fuera de la Unión Europea (Rusia, Turquía, China), donde se fabrica expulsando dióxido de carbono a la atmósfera sin ningún tipo de complejos. Poner una tasa al acero importado para que compita en pie de igualdad con el producido en Gijón, Avilés, Dunquerke o Völklingen es una cuestión de supervivencia. No hay nada más injusto e irritante que contemplar cómo a las industrias europeas cada vez les resulta más gravoso emitir CO2 y comprobar cómo entra en la Unión Europea acero más barato porque le resulta gratis emitir diez veces más de CO2 que en las factorías europeas. El mercado está tan viciado que la regulación de Bruselas en vez de favorecer el medioambiente lo daña, porque el acero limpio es más caro y pierde posiciones, mientras que el acero sucio de Rusia, Turquía o China cada vez se vende más, lo que lleva a que en esos países crezca la producción y aumente el efecto invernadero que era lo que se quería evitar.

El arancel es la petición más oportuna que se le puede hacer a Ursula von der Leyen, para que entre ella y su antigua jefa hagan algo sensato por nuestra siderurgia. La tasa que pide Barbón no se ha implantado, entre otras razones, por el interés de la industria automovilística alemana, que prefiere comprar acero más barato para sus coches. Ahora hace falta que Sánchez se lo recuerde.