Las comparecencias en la comisión de Hacienda para hablar sobre el proyecto de presupuestos finalizaron con la intervención de Ana Cárcaba. La consejera habló del fondo de rescate, dotado con 100 millones de euros, para decir que la cantidad era la máxima que podía asumir el Gobierno en un momento de caída de la recaudación fiscal, con la deuda en su nivel más alto, y con otros compromisos sociales e inversores que atender. Estoy convencido de que si el Gobierno no tuviera ya cerrado un pacto con Foro e IU, que le da la mayoría parlamentaria para aprobar las cuentas, la consejera plantearía el asunto de una forma más ambigua. La negociación no está cerrada porque siguen las conversaciones con el resto de partidos (PP, Ciudadanos y Podemos), con la excepción de Vox, pero sobre el Gobierno no pende la amenaza del rechazo presupuestario. Aunque los tres grupos que siguen deshojando la margarita se inclinasen por el ‘no’, nada cambiaría.

Reducir el debate sobre las cuentas a unos millones de más o de menos en un fondo social me parece más propio de una estrategia sindical ante la firma de un convenio que de una oposición parlamentaria ante los presupuestos para la comunidad autónoma. Estamos en una época de simplificaciones y por esa vía se acaban confundiendo los presupuestos con una partida de ayudas sociales. Y no solo es eso, sino que esa subvención, necesaria y urgente, se convierte en una puja a ver quién demanda una cantidad mayor. En el punto más alto, cuando no estaba atado el pacto con IU y Foro, se llegaron a exigir 400 millones de euros. Por pedir que no quede. Es todo una mera escenificación para tratar de atraerse las simpatías de los sectores más desfavorecidos, porque los mismos que solicitan una cantidad desorbitada, si se pusiesen a gobernar, la rebajarían para poder cuadrar las cuentas.

Cárcaba anuncia que el Gobierno solo negociará el reparto de los cien millones con los grupos parlamentarios que apoyen el presupuesto. La consejera se acoge a la moda de pactarlo todo, aún a riesgo de incurrir en incongruencia. Cuando no se tiene mayoría suficiente, el Ejecutivo negocia las cuentas con la oposición, pero una vez obtenido el plácet parlamentario la gestión de las partidas es competencia del que gobierna. Si algún grupo quiere hacer esa tarea, debe ofrecerse al presidente para formar una coalición. Puestos a negociar, tiene mucho más sentido hacerlo con los colectivos afectados que con partidos que quieren decidir sin asumir responsabilidades.