Los problemas son los mismos que al empezar el mandato, pero el tiempo no pasa en balde y el pesimismo ha aumentado. Hay razones para ello, pero por encima de todas destaca la bofetada en pleno rostro del Principado, y de la sociedad asturiana, dada por el Gobierno con la aprobación del estatuto de los consumidores electrointensivos que atiende los intereses de toda clase de industrias, menos los de las grandes factorías asturianas.

El texto no es contrario a las aspiraciones de la región, sino que simplemente las ignora. A partir del estatuto, España es el único país de la UE que considera electrointensiva a cualquier industria que consuma más de 1gigavatio-hora. Una broma de mal gusto ideada para que Cataluña sea la región donde más industrias vean subvencionado el consumo eléctrico.

Debate

El debate en la Junta siguió por los mismos derroteros que en todas las cámaras representativas: un cruce de reproches entre Gobierno oposición. La problemática de la industria regional está suficientemente chequeada, así como conocidas las soluciones: arancel medioambiental en la UE, subastas de interrumpibilidad similares a las de hace tres o cuatro años –mecanismo sustitutorio en su defecto–, y elevación de la compensación por los costes indirectos de CO2. Gobierno, oposición, patronal y sindicatos están de acuerdo en la forma de rebajar la factura eléctrica a la gran industria.

La mayor parte de las resoluciones que se aprobaron no dependen del Principado, sino del Gobierno central. Hay algunas que sí le corresponden al Gobierno regional, como tomar las medidas pertinentes para instalar una subestación eléctrica que dé suministro eléctrico a la Zalia, un asunto que produce sonrojo que en año y medio de mandato no hayan sido los socialistas capaces de resolver.

Pedir la realización de inversiones alternativas a las empresas eléctricas que cierran las térmicas de Lada y Soto de la Barca queda muy bien, pero no hay forma de obligarlas.

En ningún país con seguridad jurídica las industrias que cierran tienen que pagar penalizaciones, que de eso se trata a fin de cuentas cuando se piden inversiones compensatorias.

Vicepresidenta

Hablemos claro, las térmicas se clausuran porque la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo todo lo necesario para llegar a ese objetivo, como también quiere prescindir de las centrales nucleares y, posteriormente, le tocará el turno a las centrales de ciclo combinado («el gas es una energía de refuerzo, hasta cuándo va a ser de refuerzo»).

Todas las cuestiones litigiosas para Asturias sobre energía e industria conducen a Teresa Ribera. Abandonar a la gran industria asturiana, asfixiada por el coste del suministro eléctrico, tiene el beneficio ecológico de ir apagando chimeneas que expulsan CO2 a la atmósfera. El cierre de las factorías de Alcoa presenta ventajas para las personas que están más preocupadas por las reducciones de dióxido de carbono que por los recortes de empleo.

Cuando políticos, empresarios o sindicalistas critiquen la transición exprés de nuestro modelo energético y sus consecuencias industriales, no hablen en abstracto, porque tiene nombre.

Las decisiones de la vicepresidenta están avaladas por el presidente Sánchez y el vicepresidente segundo, Iglesias. Ambos creen que el progreso consiste en pasar en el menor tiempo posible de los ‘input’ energéticos convencionales (carbón, petróleo, gas, uranio) al viento, el sol o la biomasa. Ningún país importante sigue ese itinerario, pero el mundo es para los valientes.

Lobos

Si saltamos del suelo industrial al medio rural nos volvemos a topar con Teresa Ribera que acaba de cambiar el estatus del lobo. En la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad logró el apoyo de las comunidades autónomas que no tienen lobos para declararlo especie de protección especial. Asturias, Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco y La Rioja, con casi el 100% de la población lobuna, votaron en contra.

Para la ganadería asturiana, castigada con los endémicos problemas del precio de la leche y la reciente bajada del precio de la carne, la prohibición de cazar lobos es la puntilla. El crecimiento de la población lobuna había creado muchos problemas en los últimos años, pero con la prohibición de la actividad cinegética la situación en el campo se volverá explosiva.

Nadie quiere exterminar al lobo, al contrario se reconoce su valor siempre y cuando el número de ejemplares no sea excesivo. Todo el mundo está a favor de las energías renovables, siempre que su implantación sea a un ritmo asumible para renovar el parque energético y el modelo industrial. En ambos casos es cuestión de llegar a acuerdos, de hacer cesiones, justo lo que no entra en la cabeza de las personas dogmáticas.

Con el lobo, como argumento, el Principado vuelve a chocar con el Gobierno de España, tras las discrepancias para rebajar el coste de la electricidad industrial. Asturias siempre tropieza con la misma piedra.