El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nula la principal medida del Gobierno para hacer frente al coronavirus: el estado de alarma no autorizaba al Ejecutivo a confinar a 47 millones de españoles en sus domicilios. Si quería dejar a la gente encerrada en sus casas debería haber pedido al Congreso de los Diputados que declarara el estado de excepción. Este asunto, la validez del estado de alarma para aplicar una medida tan coercitiva que no limita derechos, sino que los suprime, fue objeto de sucesivos debates parlamentarios cada que vez que el Gobierno pedía el estado de alarma para prolongar el confinamiento. El PP sacó a relucir la necesidad de aplicar el estado de excepción, pero el Gobierno no lo consideró necesario.

Pedro Sánchez siempre tiene en cuenta la sensación que producen sus medidas entre la gente. Estado de excepción era una figura existente en el franquismo, que aplicó varias veces el dictador, así que para el presidente socialista tal medida no encajaba en su estrategia. No tiene nada que ver el estado de excepción franquista con él definido en la Constitución, pero a Sánchez no le gustaba. También quiso suprimir el término, “toque de queda”, durante la pandemia, aunque en este caso no encontró un buen sustitutivo, y tuvo que resignarse a que los presidentes de las comunidades autónomas lo aplicaran llamándolo por su nombre. El caso es que el TC dice que el Gobierno cometió una ilegalidad que lesionó los derechos de 47 millones de españoles, cuando el ordenamiento jurídico le ofrecía una herramienta, el derecho de excepción, adecuada para confinar a la gente. No es una cuestión de palabras, no es una controversia nominal, sino que lo que estaba en juego era saber si el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones tomando decisiones que infringían la legalidad. El TC ha dicho que sí, que cometió una ilegalidad. Estamos hablando de la decisión más transcendente, la que más influyó en los ciudadanos, tomada por un Gobierno español en la democracia, y ahora nos enteramos de que la medida fue inconstitucional.

Ante el varapalo del TC el Gobierno reaccionó como en los tiempos en que estaba Iván Redondo al frente del aparato de propaganda y argumentó que gracias al estado de alarma y al confinamiento se salvaron 450.000 vidas. ¿Y cómo sabe que no fueron 100.000 o 900.000? El TC no entra en ese debate, se limita a decir que el Gobierno se saltó la ley a la torera. En el Congreso de los Diputados se deberán sustanciar responsabilidades.