De forma silenciosa y sin romper un plato está en marcha el derribo institucional. No me refiero a subvertir las competencias del Gobierno, las Cámaras legislativas o el poder judicial, sino a cambiar normas y métodos centenarios que ahormaban las instituciones y servían de ascensor social.

Me voy a referir a dos de ellos: asignar plazas fijas de funcionario sin superar una oposición y la concesión de títulos académicos sin aprobar las asignaturas.

Hasta hace unos pocos años, ningún gobierno se atrevería a presentar un decreto ley en el Congreso de los Diputados que recogiera la concesión de plazas fijas de la Administración pública sin necesidad de convocar una oposición.

Los partidos de la oposición bramarían contra semejante engendro que rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad que han servido para reclutar a los funcionarios públicos desde el primer estatuto de la función pública, de López Ballesteros, en 1824. Allí ya constaba el sistema de carrera funcionarial, creando un colectivo que compartía la cultura del servicio público y era celoso de su independencia del poder político.

Hace 200 años se recogía la necesidad de someter a los aspirantes a funcionario a “pruebas de capacidad técnica y moralidad reconocida”. Faltaban diez años para que se creara el Ministerio de Hacienda, el más antiguo de todos los ministerios, un año después de morir Fernando VII.

INTERINOS 

Tuvo que llegar la ministra María Jesús Montero, responsable de la Función Pública, y negociar con ERC, para liquidar a cuatro manos el sistema de acceso a la plaza fija de funcionario y sustituirlo por un método tan frívolo como irresponsable que consiste en adjudicar las plazas en propiedad a los interinos que lleven diez años ocupándolas.

Con un desparpajo desconocido lograrán cumplir con la exigencia europea de reducir el porcentaje de trabajadores temporales en la Administración. De una tacada, Montero y los independentistas catalanes van a transformar 300.000 interinos en fijos, sin necesidad de superar ninguna prueba de conocimiento.

Para dejar todo bien atado, acordaron que las oposiciones que convoquen otras administraciones territoriales (comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos) no tengan carácter eliminatorio para poder regularizar la situación de los interinos dando un peso decisivo en la calificación a los años trabajados.

En resumen: los interinos con diez años de antigüedad en la plaza se transforman en propietarios de la misma, y los que no tengan tantos años de servicio se presentarán a oposiciones con la garantía de no quedar eliminados y poder convertirse en funcionarios fijos gracias al aumento de los puntos que se dan por los servicios prestados.

Este revolucionario método tiene dos consecuencias evidentes: los nuevos funcionarios estarán menos preparados, ya que no se valora el conocimiento para ganar la plaza, y todos los trabajadores en paro que preparan oposiciones a la Administración pública deberán buscarse otra forma de ganarse la vida porque al Gobierno de la izquierda y sus aliados nacionalistas sólo les preocupa la interinidad.

En Asturias hay 2.000 funcionarios temporales con diez o más años de antigüedad en la plaza que en cuanto se apruebe la ley pasarán a ser propietarios de la misma. La oposición, de izquierdas y de derechas, le ha advertido al vicepresidente Cofiño que no saque plazas de interinos a concurso público. El día que el decreto sea ley, imagino que lo celebrarán.

EDUCACIÓN

Vamos con el segundo derribo. Sin apenas dejar huella en los medios, el Gobierno tiene perfilado un real decreto que desarrolla la Lomloe de Isabel Celaá. El decreto versa sobre la evaluación, promoción y titulación en las distintas etapas escolares.

El objetivo del decreto es acabar con los repetidores de curso. La norma considera “algo excepcional” la repetición.

Es un decreto que comparte la filosofía del decreto-ley de los interinos. Me explico. Si un funcionario no tiene que opositar, un estudiante tampoco tiene que aprobar.

Para ganar la plaza funcionarial o el título académico basta con estar, con mostrar actitud, con pretender el objetivo. Nada de pruebas, ni vestigio de notas. Veamos.

Los alumnos de 4º de la ESO alcanzarán el título aunque suspendan todas las asignaturas, porque la certificación escolar la concede el equipo docente, conjuntamente, sin mirar las notas, valorando libremente si ha logrado los “objetivos de la etapa”. El título de Secundaria Obligatoria es igual para todos los alumnos, no consta en él ninguna calificación, no hay ninguna nota.

En la ESO los alumnos podrán pasar de curso siempre que así lo juzgue el equipo docente, con independencia de los suspensos. Basta que consideren que “pueden seguir con éxito el curso siguiente” y que “tienen expectativas favorables de recuperación”.

La enseñanza obligatoria, de seis a dieciséis años, pasa a ser una mera experiencia vital que se supera positivamente sin necesidad de aprobar exámenes.

Como en el caso de los interinos, la Unión Europea ha criticado el alto fracaso escolar que hay en España. El Gobierno sabe cómo solucionarlo: se da aprobado general y títulos igualitarios para todos.

Los gobiernos populistas viven de la polarización ideológica y la lisonja social: plazas de funcionario sin opositar, títulos académicos sin aprobar.