Ante la próxima reunión del Gobierno asturiano con el Ministerio de Transportes para hablar sobre las infraestructuras que construye el Estado, el Principado ha aclarado que en lo tocante al peaje del Huerna, no se va a conformar con pedir bonificaciones para los transportistas, sino para el resto de usuarios.

Estamos ante la típica declaración previa a una reunión importante que en vez de tranquilizar, preocupa. Solo faltaba que tras ver en los últimos tres años como todas las autopistas estatales, en 13 comunidades autónomas, conocían mejoras en bonificaciones, tarifas o rescates, llegara el Principado al primer encuentro con el nuevo equipo ministerial y redujera sus reivindicaciones al transporte profesional. Hace quince días, Pedro Sánchez anunció para la autopista de la fachada atlántica gallega el «mayor sistema de bonificaciones» de la historia. De esa manera sitúa la gestión de los peajes de las viejas autopistas en otra dimensión; sería una auténtica torpeza que en vez de aprovechar la coyuntura, se limitara el Principado a pedir mejoras para un grupo único de usuarios.

La prórroga del peaje por 29 años fue una jugada rastrera del Gobierno de España (año 2000) con Asturias, al compensar a la Empresa Nacional de Autopistas por haber asumido la construcción del acceso norte a El Ferrol. Los asturianos estamos condenados a pagar durante tres décadas la capacidad mostrada por una empresa -que aunaba al conjunto de concesionarias, entre ellas, Aucalsa- para resolver un problema al Gobierno. Fuimos y somos víctimas de un trueque (me haces una obra en Galicia y te amplío una concesión en Asturias) y tenemos derecho a que el actual Gobierno evite la consumación del daño. No pedimos nada del otro mundo, porque el otro peaje prorrogado por la misma causa, la AP-9 en Galicia, ya tiene solución. No hay que pensar en fórmulas alambicadas, queremos para nuestra tierra lo mismo que ya fue aprobado al otro lado del río Eo. A ver qué miembro del Gobierno es capaz de dar un argumento racional para negarnos el derecho a estar en pie de igualdad, en materia de peajes, con el resto de comunidades autónomas.

No se entendería que el Principado arrojara agua al vino en la negociación y se conformara con una modesta mejora del sistema de bonificaciones. No se trata de endulzar el peaje, sino de neutralizarlo vía subvención. No puedo creer que en el año 2050 no haya emisiones de gases de efecto invernadero y sigamos los asturianos penalizados por acceder a la Meseta.