Juan Cofiño anunció que el Gobierno iniciará en septiembre una doble negociación: los presupuestos de 2022 y la reforma del Estatuto de Autonomía. Las cuentas del Principado se suelen discutir por esas fechas. Es un proceso que tiene unas características propias que se repiten todos los otoños. En los dos primeros años del mandato el Gobierno pudo sacar adelante su propuesta de ingresos y gastos.

La reforma del Estatuto de Autonomía no se corresponde con ninguna estación del año. Es una iniciativa extraordinaria, la califico así por ser inusual: sólo tres veces se llevó a cabo en las cuatro décadas de periodo autonómico. En la actualidad la demandan los tres grupos de la izquierda -PSOE, Podemos e IU-, a los que se ha unido la mitad de grupo parlamentario de Foro (de los dos diputados electos, uno quiere la reforma y el otro la rechaza). El Gobierno socialista todavía no ha explicitado cuál es el motivo que le lleva a abrir el melón estatutario, aunque citan la cooficialidad del bable. Estamos a la espera de que un portavoz del Gobierno explique nítidamente qué puntos del Estatuto pretenden reformar.

En todos los territorios la reforma de la norma máxima, por la que se rige el autogobierno, se califica como ‘política de Estado’. Una iniciativa alejada de los enfoques de partido, que no se puede ejecutar si no se dan unas condiciones mínimas. La reforma de los estatutos de Autonomía no puede justificarse por el hecho de que forme parte del programa electoral del partido que gobierna. Esa es una buena razón para promoverla, pero si no se dan las condiciones adecuadas, los gobiernos sensatos se inhiben de realizarla.

Una de las condiciones mínimas que es necesario cumplir para cambiar el Estatuto es el consenso de los principales partidos. El segundo y tercer grupo parlamentario de la Junta General del Principado rechazan la reforma. Sensatez, por favor.